Tal día como hoy del año 1972, hace 51 años, a las 00:20 horas de la madrugada una potente explosión provocó el hundimiento parcial de un edificio situado en la calle Capità Arenas, 57, en la parte sur de la antigua villa de Sarrià, en Barcelona, que se saldaría con la muerte de dieciocho personas. Según la prensa de la época (La Vanguardia Española, edición del 07/03/1972), la explosión provocó el hundimiento, únicamente, de la vivienda "tercera" de cada una de las diez plantas del edificio, y el bloque quedó seccionado "como si lo hubieran cortado con un cuchillo". En un primer momento, las autoridades atribuyeron aquella explosión a un escape de gas canalizado.

Pero a medida que pasaban las horas y los días, la teoría de la explosión de gas fue progresivamente cuestionada. La misma prensa hizo público que el suministro de gas canalizado a las viviendas siniestradas había sido interrumpido hacía semanas a causa de una avería. La misma información revelaba que las cocinas se estaban alimentando con gas butano, suministrado individualmente a cada vivienda, y el agua sanitaria y la calefacción se suministraban a través de una caldera comunitaria que se alimentaba con carbón. También el Colegio de Ingenieros de Barcelona emitió un informe técnico que descartaba el gas canalizado como el causante de aquella masacre.

No obstante, la justicia de la época sentó a Catalana de Gas —empresa suministradora de gas canalizado en la finca siniestrada— en el banquillo de los acusados. Según la prensa (El País, edición del 18/06/1976), aquella acusación obedecía a una guerra que enfrentaba al empresario catalán Pere Duran Farell, presidente de Catalana de Gas y partidario de la liberalización del suministro de la energía; con Luis Valero Bermejo, directivo de los consejos de administración de varias empresas públicas energéticas monopolistas, abogado del Estado (lo sería hasta 1980) y presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes (del bando franquista).

Nunca se aclararon las auténticas causas que provocaron aquella masacre. En mayo de 1977 (cinco años después de la explosión) Catalana de Gas y los familiares de las víctimas llegaban a un acuerdo de indemnizaciones, y la Audiencia de Barcelona sobreseía el expediente. Durante aquellos cinco años se especuló que aquella explosión podía haber sido un atentado terrorista. El País apuntaba la posibilidad de que Valero podría haber urdido la masacre con el propósito de presentar a Catalana de Gas como una amenaza a la seguridad ciudadana, en una operación que la misma prensa calificó de "terrorismo blanco". Pero Valero nunca fue investigado.