Tal día como hoy del año 1492, hace 526 años, Cristóbal Colón y los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla firmaban en Granada las Capitulaciones de Santa Fe, el contrato que documentaría los acuerdos relativos a la expedición marítima colombina. En estas capitulaciones, los reyes de la monarquía hispánica reconocían a Colón, entre otras cosas, los títulos de virrey y gobernador de las nuevas tierras —que tenía la capacidad implícita de elegir a los miembros que tendrían que formar parte del gobierno— y el de almirante, que equivalía al control sobre todos los barcos, astilleros y puertos de los dominios nuevos. Este documento lo redactó el letrado aragonés Juan de Coloma.

Paloma y los Reyes Católicos firman las Capitulaciones de Santa Fe. Registro de las Capitulaciones. Fuente Archivo de la Corona de Aragón

En la práctica eso quería decir que se facultaba a Colón para constituir un estado en las nuevas tierras que quedaría integrado dentro del edificio político hispánico. Tenía que ser la réplica del modelo político de la Corona de Aragón a los nuevos dominios: un estado gobernado por su propia administración y sujeto a un pacto de bilateralidad con la Corona. Siguiendo el guion de aquel articulado, Colón, después del segundo viaje, crearía estructuras de estado en La Hispaniola (la primera colonia) que serían dirigidas por las personas de su entorno inmediato. Rápidamente tendrían lugar los primeros conflictos entre los colonos catalano-valencianos (del entorno de Colón) y los castellano-leoneses (que habían quedado marginados del poder).

A propósito de eso, las expectativas iniciales de beneficios se habían superado sobradamente. Colón y su entorno catalano-valenciano fueron sometidos a una campaña —orquestada por la cancillería hispánica— de calumnias, difamaciones y falsas acusaciones que desembocarían en la intervención de la administración colombina y la detención, el procesamiento y el encarcelamiento de los hermanos Colón. La cancillería hispánica acabaría liquidando unilateralmente las Capitulaciones, con el argumento de que no tenían naturaleza jurídica contractual, sino que eran una simple "merced" revocable cuando su beneficiario había traicionado la confianza de los monarcas.