Tal día como hoy del año 1934, hace 85 años, el auditor militar Ricardo Ferrer reconocía públicamente que el gobierno de la República tenía un grave problema con el alojamiento de los millares de personas que habían sido detenidas y encarceladas por el ejército y la policía españoles después de los Hechos del Seis de Octubre: la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Según las fuentes documentales, durante los días posteriores al Seis de Octubre, fueron encarceladas unas tres mil personas.
Según la prensa de la época (La Vanguardia, edición del 30/10/1934), el gobierno de la República había habilitado los barcos-prisión Uruguay y Ciudad de Cádiz (anclados en el puerto de Barcelona) y Manuel Arnús (anclado en el puerto de Tarragona), y el pabellón número 1 de la Exposición de Barcelona (en el Saló de Sant Joan, actualmente paseo Lluís Companys) para complementar la Prisión Modelo de Barcelona y las prisiones provinciales de Girona, de Lleida y de Tarragona.
No obstante, la masa de detenidos era tan elevada que, incluso, aquellos espacios habilitados a propósito habían quedado saturados. En aquel contexto, Ricardo Ferrer reconoció que el ejército español había previsto habilitar como presidios las viejas mazmorras del castillo de Montjuïc ―en Barcelona―, hasta entonces destinadas, exclusivamente, a penal militar y a centro de reclusión y ejecución de civiles sometidos a la jurisdicción militar (consejos de guerra).
También dijo que las autoridades militares habían previsto habilitar las viejas mazmorras del castillo de Sant Ferran ―en Figueres―, entonces en desuso por ruina. Según la misma prensa, Ferrer declaró: “Hay el propósito de habilitar nuevamente como presidio el castillo de Figueras (...) Reconozco —dijo el auditor— que habrá deficiencias, pero el Estado no ha tenido tres años para prepararse a atender estas necesidades, como los revolucionarios los han tenido para organizar el movimiento”.