Tal día como hoy del año 1935, hace 85 años, en Barcelona, en el edificio de la Capitanía General de Catalunya, se celebraba un consejo de guerra contra Evarist Piñol Angelat, presidente del Ateneu Republicà Pi i Margall, de la Barceloneta, acusado de rebelión militar. Según la prensa de la época (La Vanguardia, edición del 30/03/1935), cinco meses y medio antes la policía española había practicado un registro en la sede de aquel ateneo y había intervenido “veinte rifles Winchester, un mosquetón, una pistola, mil cartuchos para Winchester, nueve bolsas de cuero para municiones, tres banderas separatistas, tres porras y prendas de uniforme”.

Aquella operación se había llevado a cabo en el contexto de la represión policial y militar española contra las personas y entidades que habían apoyado la proclama del president Companys el Seis de Octubre (1934). El Ateneu Republicà Pi i Margall era una de las entidades asociativas más activas de la ciudad y era una de las más críticas con la gestión política del tripartito involucionista que gobernaba la República Española. La detención de su presidente formaba parte de una caza de brujas contra el independentismo catalán, iniciada inmediatamente después de la detención del president y del Govern de Catalunya y la intervención de la Generalitat (7 de octubre de 1934).

Incluso en aquel escenario de falta de garantías procesales —y en juicio rápido que no se alargó más allá de aquella mañana— el fiscal militar comandante José María Coloma Escrivá de Romaní (pariente de José Finat Escrivà de Romaní, amigo personal del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, y más adelante, secretario del superministro franquista Ramón Serrano-Súñer) no consiguió probar que el Ateneu o su presidente Evarist Piñol Angelats fueran propietarios —la entidad o la persona— de aquel material intervenido, ni siquiera conseguiría probar que tuvieran conocimiento de la existencia de aquel material.

Los jueces militares coronel Fernando Bona Valle y teniente Alfonso F. Fournier se vieron obligados a absolver al acusado, y para justificar aquel ridículo, pactaron con el abogado defensor el pretexto que aquellas armas habrían sido ocultadas en el Ateneu, el día siguiente del Seis de Octubre, por un grupo de desconocidos. En la opinión pública del momento planeó la duda sobre la verdadera identidad de este "grupo de desconocidos". En cualquier caso, aquella operación marcaría el inicio de una intensa caza de brujas contra el independentismo catalán; que no cesaría hasta el estallido del escándalo del el estraperlo (20 de septiembre de 1935) que provocaría la caída del Gobierno.