Tal día como hoy del año 1940, hace 80 años, la prensa de la época (La Vanguardia Española, edición del 08/10/1940) publicaba que Wenceslao González Oliveros (gobernador civil de Barcelona y miembro de la línea más dura del régimen franquista) había ordenado iniciar el proceso de extradición de un grupo de 222 niños y niñas catalanes y vascos que, en el transcurso el conflicto civil español (1936-1939), habían sido trasladados a México como refugiados republicanos de guerra.

Los padres y madres de la inmensa mayoría de aquellos niñas y niñas habían formado parte del gran exilio de enero y febrero de 1939 y, después del cierre de los campos de concentración franceses, habían partido hacia México para reunirse con sus hijos. Sin embargo, aquel decreto se vistió como una maniobra de repatriación, y dejó la puerta abierta a cualquier pariente o persona que quisiera ejercer el papel de tutor legal la facultad de iniciar los trámites de la reclamación que tenían que conducir a la extradición.

El objetivo de aquella maniobra era obligar a volver a los padres, secuestrando previamente a sus hijos, con el propósito de desarticular los movimientos catalanistas y vasquistas que, después de la ocupación nazi de Francia (junio de 1940), se habían trasladado a México. No obstante, el gobierno mexicano desestimó gran parte de aquella petición, y sólo devolvió una pequeña parte de aquel colectivo infantil, formado, exclusivamente, por los niños y niñas que habían sido reclamados por sus padres desde territorio español.

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