Tal día como hoy del año 1939, hace 80 años, en el contexto de las semanas inmediatamente posteriores a la ocupación franquista de Barcelona, la prensa de la época destacaba que el día anterior (17 de febrero de 1939) el equipo de gobierno de la Diputación de Barcelona impuesto por el nuevo régimen había firmado la orden de despido de los 15.860 funcionarios de la Generalitat de Catalunya. Según la prensa de la época, el argumento que pretendía justificar aquel despido masivo era: “La Diputación de Barcelona, al tomar posesión de los servicios que le corresponden, se ha encontrado con que tales servicios fueron desorbitadamente agigantados durante el período revolucionario (...) se hallan actualmente dispersos en veinte inmuebles (...) lujosamente alhajados”.

La misma noticia destacaba también que de los 15.860 funcionarios despedidos, sólo unos ocho mil seguían ejerciendo sus funciones. El resto estaban encarcelados, se habían exiliado o habían muerto previamente a la ocupación franquista. Aquella medida no afectaba al cuerpo de docentes de la Generalitat que, desde el 3 de febrero anterior, habían sido traspasados en bloque al Ministerio de Educación Nacional y estaban sometidos a un proceso individualizado de depuración ideológica, "suspensos de empleo y sueldo" hasta que presentaran un expediente "haciendo constar (...) agrupación sindical y partido político a que hubiera pertenecido durante los últimos seis años, y actuación concreta a partir de la fecha en que se produjo el Movimiento Nacional”.

Desde que las tropas franquistas habían ocupado Barcelona (26 de enero de 1939), el presidente de la Diputación era Josep Maria Milà y Camps, exdiputado de la Unión Monárquica Nacional (1919-1920), que se convertiría en el partido único del régimen dictatorial de Primo de Rivera (1923-1930) y que contribuiría al desguace de la obra política, cultural y social de la Mancomunitat de Catalunya (1924). También, durante la etapa dictatorial, había sido presidente de la Diputación de Barcelona (1925-1930) y nombrado conde de Montseny por Alfonso XIII. Según la prensa, en la orden de 1939, conservaban el puesto de trabajo los 753 funcionarios contratados con anterioridad a la restauración de la Generalitat (1931), pero no quedaban exentos de los procesos de depuración ideológica.