Tal día como hoy del año 1926, hace 92 años, el ministro de Gracia y Justicia del régimen dictatorial de Primo de Rivera (1923-1930) Galo Ponte y Escartín cursaba una orden de destitución fulminante de la junta del Col·legi d'Advocats de Barcelona al gobernador provincial de la ciudad condal, Joaquim Milans del Bosch y Carrió. El motivo de la destitución era la repetida desobediencia del real decreto del 18 de septiembre de 1923 —firmado por el rey Alfonso XIII, bisabuelo del rey Felip VI—, que prohibía el uso del catalán en el ámbito público, ya que lo asociaba al "separatismo". Aquella orden supondría, también, encarcelar y desterrar al decano Ramon d'Abadal i Calderó y a los miembros de la junta del Col·legi d'Advocats.

Primo de Rivera destituye la junta del Colegio de Abogados para publicar en catalán. Edificio del Colegio de Abogados (circa 1926). Fuente Blog La Barcelona de antes

La junta destituida estaba formada, además del decano, por destacadas personalidades del mundo político, económico y cultural de Catalunya: Francesc Ripoll, expresidente de la Cambra de Cooperatives de Catalunya i Balears; Albert Bastardas, exalcalde de Barcelona; Manuel Carrasco i Formiguera y Josep Barbey, fundadores del partido Acció Catalana; Casimir Casagran, juez de apelaciones de Andorra, y Víctor Blajot, concejal del Ayuntamiento de Barcelona. El decano y la junta del Col·legi pasarían cuatro años desterrados en varias plazas de Aragón y País Valencià, hasta que con la crisis política y económica, que provocó la caída de la dictadura (1930), serían reintegrados a sus funciones.

Ramon d'Abadal, mientras tanto, sería sustituido por el abogado de ideología anticatalanista Joaquim Dualde Gómez —nombrado a dedo por el Gobierno— que posteriormente, durante la Segunda República Española, sería ministro de Instrucción Pública de los gobiernos que presidiría el radical y anticatalanista Alejandro Lerroux. Reveladoramente, después de la Guerra Civil (1936-1939) sería el abogado de Joan March, financiero de la rebelión franquista, quien en un pleito contra la Barcelona Traction, Light and Power intentaría una gran repercusión mediática. Albert Bernís, nuevo miembro designado por el gobierno dictatorial, en cambio, sería procesado el 23 de marzo de 1926 por negarse a formar parte de la junta impuesta.