Tal día como hoy del año 1936, hace 82 años, la Diputación Permanente de las Cortes españolas aprobaba el proyecto de amnistía redactado por el gobierno provisional de la II República, surgido de las terceras elecciones generales del 16 de febrero. Aquel proyecto de amnistía había sido oficialmente aprobado con el propósito de regularizar la situación jurídica de todos los presos políticos del Estado español. El president Companys y los consellers del Govern de Catalunya que, después de los hechos del seis de octubre de 1934 (proclamación del Estado catalán dentro de la República Federal española), habían sido acusados de los delitos de sedición y rebelión y condenados a treinta años de reclusión serían los primeros beneficiados.
Si bien es cierto que había un acuerdo previo a las elecciones generales de 1936 entre los partidos de izquierda españoles y las formaciones políticas del gobierno catalán encarcelado —abiertamente proclamado durante la campaña electoral— que, oficialmente, se presentaba como la necesidad de normalizar la situación política en Catalunya. La urgencia en que se tramitó aquella ley (sólo pasados cinco días de las elecciones y dos días de los resultados) y el carácter que se le dio (redactada por un gobierno provisional y aprobada por el órgano permanente de unas Cortes pendientes de constituir), revela que tenía una indudable naturaleza política. Los resultados electorales explican el porqué del carácter y la naturaleza de una ley que se promulgó, a propósito, para excarcelar al gobierno catalán encarcelado.
Aquellas elecciones provocaron un descalabro en la composición de las Cortes españolas. La coalición de derechas conservadoras, españolistas e involucionistas que gobernaba con mayoría desde noviembre de 1933, y que había convertido el encarcelamiento del Govern catalán y el desmantelamiento de las instituciones catalanas en un activo político y electoral, sufrió —por otras causas— una importante bajada. La CEDA de Gil-Robles pasó de 115 a 88 escaños; el PRR de Lerroux —implicado en el escándalo de corrupción del Estraperlo— de 104 a 5 escaños; el Partido Agrario Español de 26 a 11, y el PRDL del intelectual conservador Melquíades Álvarez (el abogado de Primo de Rivera, fundador de Falange Española) perdería los 10 escaños y desaparecería como tal.
Companys en Barcelona (febrero 1936) / Fuente: Ministerio de Cultura. Fondo Agustí Centelles
Lo que explica el carácter de urgencia y la naturaleza política de aquella ley —pactos precedentes aparte— es el triunfo electoral del Govern catalán encarcelado. Los partidos del presidente encarcelado Companys (ERC) y de los consellers encarcelados Martí Esteve (ACR) y Joan Lluhí (PNRE) obtuvieron 28 de los 54 escaños en juego en Catalunya. Y se volvieron imprescindibles para asegurar la gobernabilidad española. La coalición de izquierdas ganadora estaba formada por el PSOE de Indalecio Prieto (99 escaños), la Izquierda Republicana de Manuel Azaña (87 escaños) y la Unión Republicana de Martínez Barrio (37 escaños). El total de 223 escaños sobre 470 necesitaba los apoyos puntuales del partido del presidentCompanys (28 escaños) para hacer posible la gobernabilidad.