Tal día como hoy del año 1939, hace 79 años, la Jefatura Superior de Policía de Barcelona publicaba un comunicado informando que las licencias de taxi "y de vehículos de tracción mecánica que prestan igual servicio" quedaban sin efecto, hasta que sus titulares se personaran "en el improrrogable plazo de diez días" en las dependencias policiales de la Avenida del Caudillo (actualmente la Diagonal), 463. Esta medida afectaba, también, a los propietarios de flotas de vehículos y de garajes de pupilaje, y a través de aquel comunicado se les informaba de que su actividad quedaba, también, suspendida a la espera de que se presentaran personalmente en las dependencias policiales.
Aquella medida, lejos de ser un control del parque móvil de uso público de la ciudad de Barcelona, que habría impulsado la Delegación Provincial de Industria, formaba parte de un plan de control sobre las personas que tenían un tipo de actividad consistente en desplazamientos más discretos que los de los transportes públicos de uso masivo, y de rebote, de una operación de depuración ideológica, similar a la que se había impulsado en las porterías de las fincas. La investigación historiográfica ha puesto de relieve que las autoridades franquistas consideraban al colectivo del taxi de Barcelona un sector especialmente necesario para proyectar los tentáculos policiales que perseguían a los opositores al régimen.