Tal día como hoy del año 1934, hace 85 años, en el contexto de los días inmediatamente posteriores a los Hechos del Seis de Octubre (1934), el coronel Francisco Jiménez Arenas, presidente en funciones de la Generalitat impuesto por el gobierno de la República, decretaba la disolución de la Escuela de Policía de Catalunya. El “presidente accidental designado por la autoridad gubernativa militar de la cuarta División” ordenaba: “En uso de las facultades que me han sido conferidas, he resuelto: queda suprimida la Escuela de Policía de la Generalidad”. Aquella orden no tan sólo afectaba a la institución, sino también a la totalidad de las personas que trabajaban en ella.
Acto seguido decía: “Todo el personal afecto a dicha Escuela (...) será baja, desde esta fecha, en las nóminas respectivas”. Mientras tanto, los mandos de los Mossos d'Esquadra habían sido detenidos y encarcelados, y los miembros del cuerpo habían sido desarmados y enviados a casa en situación de suspensión de trabajo y de sueldo. Hasta mediados del año siguiente, no se resolvería definitivamente su situación: durante el mandato del gobernador general de Catalunya Manuel Portela Valladares (que había sido impuesto en enero de 1935 en sustitución de Jiménez Arenas) se les abonarían las nóminas retrasadas y se les despediría definitivamente.
También el cuerpo de los somatenes fue desarmado y sus mandos fueron encarcelados. El mismo día que Jiménez Arenas firmaba la orden de disolución de la Escuela de Policía, se celebraba el consejo de guerra contra Jaume Bosch Cassí, comandante del conservador y tradicionalista cuerpo del Somatén de Catalunya. La justicia militar española acusó a Bosch de connivencia con el gobierno de la Generalitat en la proclama del Estado Catalán. Bosch se defendió argumentando que había sido requerido por Josep Dencàs, conseller de Governació, para parar la violencia que cometían los socialistas. No obstante, fue acusado de rebelión y condenado a cadena perpetua.