Tal día como hoy del año 1935, hace 84 años, en el contexto de los meses inmediatamente posteriores a los Hechos del Seis de Octubre (1934) y la intervención de la Generalitat, el gobernador general de Catalunya Joan Pich i Pon (impuesto por el gobierno de la República) y el ministro de Gobernación de la República Manuel Portela Valladares anunciaban que había un proyecto muy avanzado ―tan solo pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros― que pretendía integrar los miembros del cuerpo intervenido de los Mossos d'Esquadra en los cuerpos policiales españoles. No obstante, se hacía constar que, únicamente, serían transferidos aquellos miembros que “cumpliendo los trámites fijados, acreditan que están en las condiciones requeridas por el reglamento”.

Después de la intervención de la Generalitat (7 de octubre de 1934), muchas competencias del autogobierno habían sido absorbidas por el gobierno central de la República. La de Seguridad Ciudadana era una de estas, y la totalidad de los miembros de la policía de Catalunya habían sido indefinidamente suspendidos de trabajo y sueldo, y sustituidos por efectivos de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil. Cuando se hizo pública la existencia de aquel proyecto, se anunció que el gobierno de la República levantaría parcialmente la suspensión de sueldo y abonaría las nóminas de octubre, noviembre y diciembre de 1934, y que valoraría la posibilidad de hacer lo mismo con las de enero a mayo de 1935, como último gesto con la que había sido la policía de Catalunya.

Durante el periodo entre octubre de 1934 y junio de 1935, los miembros del cuerpo de Mossos d'Esquadra no habían sido, tan sólo, apartados del servicio, sino que, también, habían sido víctimas de múltiples agresiones. La prensa de la época había interpelado en varias ocasiones a Manuel Portela Valladares (en su etapa como primer gobernador de la Generalitat intervenida ―octubre de 1934 a abril de 1935―) en relación a las agresiones que sufrían los mossos en manos de elementos de la delincuencia que la prensa relacionaba con el aparato policial español en Barcelona. Siempre que había sido interpelado, Portela lo pretendía justificar como pequeñas venganzas sin importancia entre delincuentes y expolicías.