Tal día como hoy del año 1639, hace 380 años, en el contexto de la crisis que anticipaba la revolución de los Segadores (1640), los diputados y oyentes de la Generalitat entregaban una misiva oficial al virrey hispánico en Catalunya, Dalmau de Queralt i Codina, conde de Santa Coloma, dirigida al rey hispánico Felipe IV, que declaraba la Real Pragmática del 16 de noviembre de 1638 contraria a las Constituciones de Catalunya y, por lo tanto, ilegal. En aquella Pragmática, Felipe IV ordenaba la leva forzosa de miles de hombres del Principat y de los condados ultrapirenaicos para combatir en el frente de guerra del Rosselló, en el conflicto que enfrentaba a las monarquías hispánica y francesa (1635-1659)

Aquella negativa a colaborar con la administración hispánica tendría una gran trascendencia y marcaría el inicio de una nueva etapa en las relaciones políticas entre Catalunya y la monarquía hispánica. Era la primera vez que, desde la promulgación de la primera Pragmática (4 de enero de 1634), las autoridades catalanas desautorizaban al rey hispánico y su administración. Durante los cinco años que separaban la primera y la última pragmáticas, el estado de opinión de las clases populares, mercantiles y religiosas del país (víctimas de los abusos y de los crímenes que practicaban las tropas hispánicas, como si estuvieran en suelo enemigo) había evolucionado hacia un estadio pre-revolucionario.

La gran cantidad de misivas oficiales que, previamente, la Generalitat había dirigido al rey hispánico Felipe IV denunciando repetidamente los abusos y crímenes que cometían sus ejércitos, únicamente había obtenido evasivas o espurias justificaciones. Felipe IV había declarado por carta a los diputados de la Generalitat que no quería castigar a los criminales, a pesar de reconocer la extrema gravedad de los delitos que habían cometido y que cometían, hasta que la población civil catalana depusiera su actitud de protesta y de resistencia. El nombramiento, cinco meses antes, de Pau Claris como presidente de la Generalitat (22 de julio de 1638) influiría decisivamente en el viraje político de las instituciones catalanas.

Sería en el transcurso de 1639 que las instituciones catalanas asumirían el liderazgo de las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la sociedad catalana. Al día siguiente, 6 de enero de 1639, el Consell de Cent de Barcelona, máximo órgano de gobierno de la ciudad, previa votación de los consellers, ratificaba el posicionamiento de la Generalitat.