Tal día como hoy del año 1970, hace 51 años, el Consejo de Ministros del 12.º gobierno franquista, presidido por el general Franco, aprobaba la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, que pretendía ser una reforma de la ley de vagos y maleantes, conocida popularmente como "la Gandula", promulgada por el segundo gobierno de la II República española (1933) y conservada por el régimen franquista surgido de la Guerra Civil (1936-1939). En relación a la nueva ley de 1970, algunas fuentes señalan al almirante Carrero Blanco (vicepresidente del Gobierno), Pedro Garicano Goñi (ministro de Gobernación) y Antonio María Oriol y Urqujo (ministro de Justicia) como principales inspiradores de aquella reforma.

La homosexualidad no figuraba en la ley de vagos y maleantes republicana, pero, en cambio, en la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social franquista había sido incorporada como una práctica delictiva. El artículo segundo de aquella ley decía: “Son supuestos del estado peligroso los siguientes: los vagos habituales; los rufianes y proxenetas; los que realicen actos de homosexualidad; los que habitualmente ejerzan la prostitución”; y así hasta once supuestos más que incluían actividades o situaciones como el comercio de material pornográfico o de drogas, la toxicomanía, la pertenencia a "bandas o pandillas", la posesión de armas, el tráfico de personas, los adolescentes fugados de casa o los colaboradores de grupos delictivos.

Y en el artículo sexto punto tercero de aquella ley se decía: “A los que realicen actos de homosexualidad y a las que habitualmente ejerzan la prostitución se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas: a) Internamiento en un establecimiento de reeducación (una institución psiquiátrica); b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados”. Aquella ley trascendió el régimen franquista y estuvo vigente durante los primeros años del régimen constitucional del 78. Estuvo en vigor durante los gobiernos de la UCD y del PSOE de las décadas de los setenta y de los ochenta —con diferentes reformas— y no fue derogada hasta 1989.