Tal día como hoy del año 1937, hace 80 años, estallaban los Fets de Maig que sumieron Barcelona en una situación caótica y que, después de cuatro días, acabarían con unos 500 muertos y más de 1.000 heridos. La crisis vino motivada por la creciente tensión entre el gobierno de la Generalitat (ERC y PSUC), por un lado, y el sindicato anarquista CNT-FAI y los comunistas trotskistas del POUM, por el otro. Ya hacía más de un año que se libraba la Guerra Civil y en la retaguardia republicana los anarquistas y los comunistas trotskistas –en plena escalada revolucionaria– habían usurpado funciones de seguridad ciudadana que correspondían a la Generalitat.
El comisario de Orden Público de la Generalitat Eusebi Rodríguez Salas (PSUC) –conocido como "el manquet de Tarragona" porque le faltaba un brazo– con 200 guardias de asalto –un cuerpo antidisturbios de la policía estatal republicana– ocuparon la sede de la Compañía Telefónica, que desde diciembre del año anterior controlaban los revolucionarios. El gobierno de la Generalitat tenía constancia que todas las comunicaciones estaban siendo espiadas. Tenían varias pruebas, pero la más evidente era que poco antes una telefonista anarquista había interrumpido una conversación entre Lluís Companys, president de la Generalitat, y Manuel Azaña, presidente de la República, increpándolos abiertamente.
Barricadas en la plaza Sant Jaume
Una vez en el interior del edificio se libró una intensa batalla sala a sala, pasillo a pasillo y despacho a despacho. La noticia trascendió y en pocas horas el conflicto se había extendido al conjunto de la ciudad. Las bases de ERC, de Estat Català, del PSUC y de la UGT se armaron y movilizaron para dar apoyo a la Generalitat. La crisis se resolvió a favor del gobierno catalán, después de que Artemi Aiguader, conseller de Interior, y Marià Rodríguez, jefe de la CNT y conocido como "Marianet lo gitanu", pactaran el fin de las hostilidades. Mientras, el gobierno central de la República hacía uso de la crisis como pretexto para retirarle a la Generalitat las competencias de orden público.