Tal día como hoy del año 1486, hace 535 años, en el monasterio de Guadalupe (corona castellanoleonesa), Fernando II, conde-rey de la corona catalanoaragonesa, firmaba la Sentencia Arbitral de Guadalupe, con el propósito de poner fin al conflicto que desde la mitad del siglo enfrentaba a los campesinos de remensa (sujetos a durísimas condiciones de servidumbre) con la nobleza terrateniente. Desde mediados del siglo anterior, los tres estamentos de poder del régimen feudal catalán estaban en conflicto. En aquella guerra, el estamento real se posicionó a favor de las reivindicaciones remensa, no por una cuestión de solidaridad, sino que se implicó porque la contempló como un medio para erosionar el poder de la nobleza y del clericato, los grandes rivales de la Corona.

Aquella sentencia puso fin al régimen de servidumbre que, en el Principado y especialmente en la Catalunya Vella, había sido instituido sobre el año 1000. Este régimen de servidumbre estaba formado por un corpus de gravámenes y maltratos, como la intestia y la eixorquia (la confiscación a los campesinos que morían sin hacer testamento), el cugucia (las multas por adulterio), la àrsia (la multa al campesino que se le quemaba la masía o la cosecha), la remensa (la obligación del campesino a pagar una redención al señor feudal cuando quería abandonar la masía), los monopolios señoriales (obligación de comprar las herramientas en la fragua señorial y de moler el trigo en el molino señorial) y las tareas serviles (trabajar gratis las tierras señoriales unos días al año o de trajinar gratis los productos señoriales).

Después de la guerra y de la sentencia, el campesinado catalán se quedó en unas condiciones muy mejoradas (se generalizó la pequeña propiedad en manos de familias emprendedoras), que impulsaría una etapa de crecimiento económico y demográfico sin precedentes. Durante la centuria de 1500, Catalunya fue el único país de Europa que duplicó población y cuadruplicó producción. Los excedentes de producción del campo catalán, fruto de la Revolución remensa y la sentencia de Fernando II transportarían el país hasta un paisaje social y económico de plenitud (una sociedad preindustrial con un potente aparato agrario y un pujante aparato fabril), que se hundiría repentina y dramáticamente con la ocupación militar hispánica de 1635.

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