Tal día como hoy del año 1933, hace 87 años, el Parlament de Catalunya (con mayoría de Esquerra Republicana de Catalunya) votaba a favor de la creación del Institut contra l’Atur Forçós (ICAF); dependiendo, directamente, del Departamento de Presidencia de la Generalitat. El ICAF se convertía en el primer organismo público de la historia de la península Ibérica destinado exclusiva e integralmente a prestaciones, formación y empleo de los trabajadores y trabajadoras en situación de paro. Aquella iniciativa partía directamente del presidente Macià y del conseller de Treball Francesc Xavier Casales i Vidal (Badalona, 1880 – Barcelona, 1957) a quien había confiado esta cartera por su larga experiencia en el mundo sindical.

Casals, durante los primeros años del siglo, había sido director del semanario Gent Nova, editado en Badalona y que dependía de la Unió Catalanista (la formación política que postulaba la unión de los todos los partidos y sindicatos catalanistas). Y entre 1920 y 1922 había sido presidente del CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria) que, hasta la ocupación franquista de Catalunya (1939) fue una de las organizaciones sindicales más potentes e influyentes del país. Coincidiendo con su presidencia en el CADCI, había sido miembro de un comité intersindical creado durante la etapa del pistolerismo (1918-1923), que tenía el propósito de actuar como mediador en el conflicto y acabar con la violencia armada.

El ICAF era un proyecto muy ambicioso que, a corto plazo, tenía el objetivo de paliar los efectos de la gran crisis de 1929; y a medio plazo formar a los trabajadores y trabajadoras en función a la demanda que impulsaba la nueva industria surgida de la Segunda Revolución Industrial. Fue el promotor de la Casa Bloc (1934), en el barrio barcelonés de Sant Andreu, destinado a cubrir la demanda de vivienda de las clases trabajadoras. Sus funciones quedarían muy limitadas a partir del estallido de la Guerra Civil (julio de 1936) a causa del protagonismo desmesurado que adquirirían los llamados sindicatos revolucionarios. Desaparecería en 1939, coincidiendo con el desahucio de las familias trabajadoras de la Casa Bloc y su reocupación por miembros de la policía franquista.