Tal día como hoy del año 1711, hace 309 años, un grupo de comerciantes y de abogados que formaban la Junta de la Casa del Port Franch de Barcelona, presentaban a la Generalitat el proyecto definitivo de la constitución de un puerto franco. Aquella propuesta había sido presentada con anterioridad (17 de diciembre de 1710), pero el Consell de Cent la había rechazado porque su reglamento entraba en conflicto con las atribuciones políticas y fiscales del gobierno municipal. A tenor de las inscripciones al Dietari de la Generalitat, consignadas los días inmediatamente anteriores, el reglamento del futuro puerto franco no se había, prácticamente, modificado y los promotores de aquel proyecto buscaban el apoyo político de la Generalitat, para forzar la aprobación del Consell de Cent.
El proyecto de destinar una parte de la zona portuaria de Barcelona a puerto franco era una vieja aspiración de las élites mercantiles de la ciudad. Se había debatido ampliamente en la Casa de la Llotja desde 1690; y se había propuesto situarlo precisamente delante de aquel templo de las clases mercantiles catalanas. Pero la entronización del primer Borbón hispánico (1701) y el inicio de la Guerra de Sucesión a Catalunya (1705) lo habían retrasado. Finalmente, el año 1710, en un contexto político internacional que apuntaba el fin de las hostilidades por el agotamiento de los contendientes; y que habría consolidado un mapa europeo donde Catalunya quedaba como el único dominio mediterráneo de los Habsburgo de Viena, se decidió impulsar, definitivamente el proyecto.
El Puerto Franco de Barcelona era un proyecto expansivo que partía de la creación de la principal empresa mercantil catalana establecida durante la primera década de la centuria de 1700: la Companyia Nova de Gibraltar, fundada en 1709 por Salvador Feliu de la Penya y Picart, que -aprovechando el contexto bélico- comerciaba directamente con los grandes puertos americanos (los de todas las colonias europeas) evitando el monopolio de la Casa de Contratación. El proyecto de puerto franco no se desarrollaría por la intensificación del conflicto sucesorio, que acabaría con la ocupación borbónica de Catalunya. Aquel proyecto quedaría inédito, porque la clase mercantil que lo impulsaba fue encarcelada o tuvo que emprender el camino del exilio.