Tal día como hoy del año 1899, hace 119 años, el alcalde de Barcelona Bartomeu Robert i Yarzábal, que había sido nombrado tan sólo siete meses antes, presentaba la dimisión irrevocable. El alcalde Robert, conocido como el Dr. Robert, había sido la apuesta política del Partido Conservador, dirigido ―después del asesinato de Cánovas― por Francisco Silvela y por Camilo García de Polavieja. Con Robert se quería gestionar la crisis de confianza en la clase política, generada por la pérdida de las últimas colonias españolas en ultramar (1898) y las reivindicaciones fiscales de Catalunya, que aspiraba a negociar con el gobierno central español un concierto económico similar al que tenían el País Vasco y Navarra.
El Dr. Robert, a pesar de no formar parte de la clase política barcelonesa, había sido nombrado por el gobierno central español por su prestigio académico y social como médico, y por su perfil ideológico catalanista moderado, muy próximo a las tesis de la burguesía industrial catalana. No obstante, la maniobra de acoso y derribo que lo llevaría a dimitir, había sido fabricada desde dentro del gobierno español. La prensa de la época destaca que el ministro de Hacienda Fernández de Villaverde mantenía una actitud extremadamente hostil con el alcalde de Barcelona: había impulsado una campaña mediática de descrédito acusando a Robert de fundamentar el catalanismo sobre tesis raciales.
Caricatura que representa a Polavieja y Robert, publicada en la revista satírica Gedeón (Madrid, 1899) / Fuente: Biblioteca Nacional de España
Durante su mandato el alcalde Robert se convirtió en la personalidad más relevante de la "campaña del concierto económico", impulsada por la Liga de Defensa Industrial y Comercial de Barcelona y suscrita por las cuatro diputaciones catalanas, por trescientos dieciocho ayuntamientos del Principat y por las principales entidades profesionales, económicas y culturales catalanas. Pero al comprobar que Silvela y Polavieja no estaban dispuestos a cumplir las promesas que le habían hecho al nombrarlo (el estudio y tramitación de un concierto económico para Catalunya) presentó la dimisión irrevocable; profundizando, todavía más, la crisis política e institucional denominada cierre de cajas.
Más concretamente, la delegación de Hacienda de Barcelona exigió al alcalde que autorizara la entrada de agentes ejecutivos en los domicilios de los más de 7.000 tenderos y fabricantes que se habían negado a pagar la contribución como medida de protesta contra las políticas obstruccionistas de Villaverde. El alcalde se negó a colaborar pero al día siguiente recibiría un amenazante telegrama ministerial que precipitaría la dimisión. Ocho días después ―el 20 de octubre― aunque ya no era alcalde efectivo, lideraría la primera gran manifestación del catalanismo político, que reunió a miles de personas de todos los estratos sociales y sectores económicos en el Salón de Sant Joan (actual paseo Lluís Companys).