Tal día como hoy del año 1923, hace 95 años, en el contexto de las semanas inmediatamente posteriores al golpe de estado del general Primo de Rivera, se formalizaba la creación de una comisión inspectora, en el Ayuntamiento de Barcelona, que tenía que “investigar contratos que la opinión pública ha considerado onerosos para los intereses del municipio y deficiencias que puedan existir en los servicios del mismo”. Aquella orden había sido firmada una semana antes por Primo de Rivera ―que había asumido la presidencia del gobierno y la totalidad de las carteras ministeriales― y por el subsecretario de gobernación del directorio militar, el teniente general Martínez Anido que, anteriormente, había sido gobernador civil de Barcelona (1920-1922) y había sido acusado por la prensa de alimentar el pistolerismo y ordenar detenciones ilegales y torturas y practicar la ley de fugas.

La primera medida que había decretado el directorio militar de Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923) había sido la disolución forzada de todas las corporaciones municipales y provinciales democráticas. El régimen dictatorial había impuesto manu militari a la alcaldía de la ciudad al teniente coronel Álvarez de la Campa, exjefe de la sección de justicia de la Capitanía General de Catalunya. Álvarez de la Campa sería quien nombraría la comisión inspectora. Durante los días previos, se habían producido inspecciones en varios ayuntamientos de Catalunya, que se habían saldado con la detención y encarcelamiento de alcaldes y concejales falsamente acusados de malversación de caudales públicos. El mismo día que se constituía la Comisión Inspectora en Barcelona, era detenido y encarcelado el alcalde (cesado por la dictadura) de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) Josep Bordas.

No obstante, las autoridades dictatoriales preveían dificultades y en el mismo comunicado de formalización de la comisión, los inspectores Marcelino Herrero, Francisco Galcerán y Félix Peiró ―nombrados por Álvarez de la Campa― instituían un sistema de delaciones y en nombre de las autoridades pedían: “Pero de nada servirían los plausibles deseos de la autoridad ni el sano propósito que abriga la comisión elegida, si el culto y honrado pueblo barcelonés no secundara de una manera eficaz dicha actuación”. Y concluían diciendo: “Hemos acordado abrir una información pública a la que puedan concurrir por escrito o personalmente todos aquellos que tengan noticia de hechos (supuestamente delictivos) relacionados con dicha administración (...) aporte elementos de juicio al expediente que se ha iniciado”.