Tal día como hoy del año 1939, hace 80 años, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, dirigido por el coronel Jorge A. Villlamide Salinero, ordenaba la confiscación de los saldos bancarios de todos los partidos y entidades catalanistas y republicanas. Según la prensa de la época (La Vanguardia Española, edición del 02/08/1939), el coronel Villamide, designado por el régimen franquista "juez especial delegado de la Comisión Central de Incautaciones en Cataluña", había firmado un decreto que ordenaba llevar a cabo la incautación de los bienes de los partidos y agrupaciones políticas que integraron el «Frente Popular» (en Catalunya, Front d’Esquerres), así como de los partidos o agrupaciones adheridos, declarados fuera de la ley”.

El primer punto de aquel edicto decía: “Dentro del plazo de quince días, a partir de la publicación de este edicto en los «Boletines Oficiales de las provincias», todos los Bancos y Cajas de Ahorros, así como toda clase de corporaciones, sociedades, empresas y personas jurídicas, enviarán a este Juzgado, sito en el Paseo de Gracia, 112, entresuelo, relación de los valores que conserven pertenecientes a esas entidades, agrupaciones o partidos y de las cantidades que por cualquier concepto deban satisfacer, a los mismos, absteniéndose de hacer entrega, ni pago alguno sin autorización de este Juzgado especial”. También se ordenaba confiscar los pagos pendientes a favor de estos partidos y entidades, y desviarlos al “Juzgado especial”.

En este sentido, el segundo punto de aquel decreto decía: "Toda persona o entidad jurídica que tenga algún crédito, deuda o haya recibido géneros o mercancías de las citadas entidades y del titulado Gobierno de la República (en Catalunya, la Generalitat), tienen la ineludible obligación de hacerlo presente por escrito ante este Juzgado en el plazo indicado, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones y procedimientos a que hubiere lugar. No se considerarán incluidos los débitos por contribuciones debidas y no pagadas, que en su caso, serán reintegrados ante quien proceda”. Para reforzar la acción de aquel Tribunal, aquel mismo día, el dictador Franco firmaba la extinción de la Jefatura de Fuerzas y Servicios de Ocupación, y le traspasaba parte de sus funciones.