Tal día como hoy del año 1936, hace 82 años, algunos medios de prensa de la ciudad de Barcelona, entre los que destacaba el rotativo La Rambla, se hacían eco de la reunión que unos días antes habían mantenido los cargos directivos de la Asociación Cultural Judía de Barcelona y el president de la Generalitat Lluís Companys. Según relata la prensa, aquella reunión venía precedida de una serie de ataques que habían recibido los miembros de la comunidad judía barcelonesa en manos de elementos procedentes de la Alemania nazi. Estos elementos, que las notas de prensa y la carta que se entregó al president denominan infiltrados, tenían la misión, encomendada por su gobierno, de hacer proselitismo del ideario nacionalsocialista y espiar e informar de los movimientos de las personas y las familias de la comunidad judía barcelonesa.
Los ataques que denunciaba la Asociación Cultural Judía iban mucho más allá de las tareas de seguimiento y espionaje. Según las notas de prensa, la Asociación Cultural Judía denunciaba la connivencia entre los infiltrados y ciertos elementos de la sociedad barcelonesa que simpatizaban con el ideario nacionalsocialista y que eran, en definitiva, los que habían puesto en práctica una tarea de difamación y descrédito personal y profesional de las personas y familias de la comunidad judía local. En la carta entregada al president Companys, los cargos directivos de la comunidad judía barcelonesa solicitaban a la Generalitat que hiciera cumplir rigurosamente la ley que prohibía no tan solo el acoso a las personas —y sobre todo por razones de raza o de religión— sino también la que prohibía el proselitismo de ideas fascistas y nazis.
Desde el ascenso al poder de Hitler (1933), se había producido un goteo de escapes de la potente y numerosa comunidad judía alemana hacia otros lugares de Europa. La comunidad judía de Barcelona, reconstituida al principio de siglo XX por familias sefardíes procedentes del antiguo imperio turco y del continente sudamericano, había creado un sistema de acogimiento e integración en la sociedad barcelonesa de los judíos refugiados de origen alemán que, según la carta entregada al president, se justificaba por razones de solidaridad y humanidad. En las notas de prensa que se publicarían a raíz de aquella reunión también se afirmaba que tanto el president Companys como el conseller Miravitlles habían adquirido el compromiso formal de estudiar seriamente la petición y dar una solución satisfactoria a la demanda de la comunidad judía barcelonesa.