Tal día como hoy del año 1899, hace 119 años, el capitán general de Catalunya, Eulogi Despujol i Dusay, por orden del presidente del Gobierno, Francisco Silvela, publicaba un bando que declaraba sediciosos a los comerciantes que secundaran el Cierre de Cajas. Aquel movimiento se había originado semanas antes y era un acto de protesta de los comerciantes y los industriales de Barcelona contra las políticas fiscales que había dictado el ministro español de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde. Los nuevos impuestos de utilidades del trabajo y de cédulas personales —que tenían que resarcir al Estado del gasto de la guerra de Cuba— se calcularon con unos tipos impositivos para Barcelona infinitamente superiores a los de Madrid.

A todo ello se sumaba el incumplimiento del programa de reformas económicas del gobierno Silvela, que conemplaba la negociación de una autonomía fiscal para Catalunya. El ministro Fernández Villaverde se había negado sistemáticamente a abrir las negociaciones con el único propósito de erosionar políticamente la figura del vicepresidente del Ejecutivo, Camilo García de Polavieja, partidario de un concierto económico para Catalunya parecido al que conservaban el País Vasco y Navarra. La Lliga de Defensa Industrial i Comercial, que en el transcurso de aquel año había pilotado la campaña del concierto económico y que había promovido el Cierre de Cajas y la gran manifestación del 20 de octubre, había sido ilegalizada el día anterior.

También el día antes el gobierno Silvela había decretado el estado de guerra en Catalunya. Inmediatamente, la mayor parte de la prensa de Madrid se sumó a la ofensiva gubernamental. La Época, por ejemplo, decía que "no hay motivos para asombrarse por el concepto de sediciosos" y después atacaba la prensa y la clase política catalanas acusándolas de haber fomentado una rebelión. Decía también que "los periódicos que con tan poco tino hablan y añaden leña al fuego [...] los diputados y senadores de Barcelona no han debido leer el apartado 5º del articulo 250 del Código Penal; así pues, todo lo que envuelve una amenaza al Estado cae bajo la jurisdicción de la autoridad militar una vez proclamado el estado de guerra".

Imagen: Manifestación del 20 de octubre en Barcelona / Archivo de El Nacional