Tal día como hoy del año 1641, hace 383 años, en el contexto de la Guerra de Separación de Catalunya (1640-1652/59), el Dietari de la Generalitat consigna una misiva oficial que los tres diputados de la Generalitat (el eclesiástico o presidente, el nobiliario o consejero-protector, y el representante de las villas y ciudades) enviaban una misiva al Consell de Cent (el gobierno municipal de Barcelona) informándoles de que el gobierno del país había ratificado la resolución previa de los Tres Comuns (el equivalente al Parlament) del día 10 anterior, por la que se cesaban a todos los elementos de los aparatos policial y judicial hispánicos en Catalunya y se ordenaba su sustitución por personas nombradas por las instituciones del país.

Esa resolución y confirmación era producto de los acontecimientos que se habían producido durante los meses inmediatamente anteriores. En septiembre de 1640, el rey hispánico Felipe IV había declarado la guerra a las instituciones catalanas y el president Pau Claris había iniciado negociaciones con Francia para formalizar una alianza política y militar. En noviembre de 1640, el marqués de Los Vélez, con un ejército de 20.000 tercios castellanos, había iniciado la ocupación militar de Catalunya, sembrando de muerte el camino entre Tortosa y Barcelona. Y en enero de 1641, el presidente Pau Claris había proclamado la República Catalana (después transformada en Principado independiente) y el ejército de Los Vélez había sido derrotado y humillado a las puertas de Barcelona.

En esa misiva se decía que los veguers (representantes gubernativos en el territorio nombrados por la administración hispánica) y los batlles (jueces nombrados por la administración hispánica) quedaban cesados. Y que se facultaba a los gobiernos municipales de las ciudades y villas del país (tanto las de jurisdicción real como las de jurisdicción baronial), para proveer estos cargos. Al mismo tiempo, se desarmaba y se retiraba la autoridad a la gente de los veguers y de los batlles cesados, y se facultaba a los gobiernos municipales a levantar el Somatén (una milicia ciudadana) que tendría que ejercer, provisionalmente, funciones policiales y de orden público. Se decía, también, que los Somatenes recibirían el apoyo del Preboste General, constituido para convertirse en la gendarmería nacional de Catalunya.