Tal día como hoy del año 1824, hace 200 años, el rey Fernando VII, sexto Borbón al trono de Madrid y denominado por la historiografía española el rey felón (el rey traidor), firmaba el real decreto de creación del cuerpo de Policía General del Reino, el precedente del actual Cuerpo de Policía Nacional. Aquel decreto sería confirmado cinco días más tarde con la publicación de la Real Cédula de S.M. y señores del Consejo, Según el profesor Juan Luis Simal, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el decreto de creación se decía que aquel cuerpo policial "tenía el compromiso de reprimir el espíritu de sedición". Según el mismo profesor Simal, la creación de aquel cuerpo policial estuvo "íntimamente ligado a la represión y control de los liberales" o constitucionalistas.

Cuando Fernando VII había reocupado el trono de Madrid (1814), había derogado la Constitución de Cádiz (1812) —popularmente, La Pepa- y había desplegado una brutal persecución contra los partidarios de una monarquía constitucional, que eran buena parte de los que habían luchado contra el régimen bonapartista de José I para conseguir su retorno. Después de años de dura represión, un golpe de estado liderado por el general Riego conduciría a una efímera etapa de régimen constitucional, renombre Trienio Liberal (1820-1823) liquidado por la intervención militar de los regímenes absolutistas europeos (invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis). Y acto seguido a la restauración del régimen absolutista y represivo (1823), Fernando VII habría decretado la creación de la Policía General del Reino.

El primer superintendente de la Policía General de Reino fue José Manuel de Arjona y Cubas (Osuna, Andalucía, 1781 – Madrid, 1850), que sería el responsable del despliegue de aquel cuerpo policial por todo el territorio estatal español y del arrinconamiento de las policías territoriales (Somatenes en Catalunya; Centenares en el País Valencià; Miñones en los territorios forales de Euskal Herria, y Milicia Honrada en Galicia). El verano de aquel mismo año fue sustituido por Juan José Recacho, que intensificó la persecución a la disidencia al régimen, al publicar un bando que "condena en penas de prisión a los que difundieran rumores contra el Gobierno" (el de Fernando VII) y que "ponen en ejercicio la soberanía popular destructora de toda monarquía".