Tal día como hoy del año 1601, hace 422 años, Felipe III, rey de la monarquía hispánica y su familia, formada por su esposa Margarita de Austria-Estiria y sus hijos Ana María, Felipe (futuro Felipe IV), María Ana, Carlos, Fernando y Margarita; llegaban a Valladolid y se instalaban en el Palacio Real. Este movimiento respondía al traslado de la corte y de la capitalidad de la monarquía hispánica de Madrid en Valladolid, que había sido promovido por el ministro plenipotenciario Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma. Aquella operación sería la primera gran burbuja inmobiliaria de la historia hispánica. Una operación especulativa que habría generado plusvalías de más de dos millones de ducados castellanos (el equivalente actual a 500 millones de euros).

El año anterior (1600), Lerma y un grupo de personajes de la cancillería que presidía, habían adquirido, secretamente y a título particular, un mínimo de veinticuatro edificios situados en el centro de Valladolid; entonces una pequeña ciudad de la Corona castellano-leonesa. Poco después, iniciarían las maniobras para convencer al rey Felipe III de la conveniencia de trasladar la capitalidad de la monarquía hispánica a la vieja Pucela. El decreto que el 10 de enero de 1601 firmó el rey, comportaría una avalancha de compras de edificios en Valladolid, por parte de las familias aristocráticas que tenían responsabilidades en la corte. Estas ventas se formalizaron a precios muy superiores en relación a la operación de compra de Lerma.

Solo cinco años más tarde (1606); Lerma y sus socios —entre los cuales destacaba el catalán Pere Franquesa— repitieron la operación, sin embargo, en aquella ocasión a la inversa. Poco después del traslado a Valladolid (1601), el grupo de especuladores liderado por Lerma habían adquirido los edificios que sus clientes (sus compradores) habían dejado libres en Madrid. Las fuentes documentales revelan que por aquellas compras, Lerma y sus socios pagaron precios muy inferiores al valor real de aquellos patrimonios; pero en cambio, cuando se ordenó el retorno de la corte a Madrid, los antiguos propietarios de aquellas fincas tuvieron que pagar precios muy superiores a los que habían cobrado en 1602, para recuperar sus antiguas propiedades.