Tal día como hoy del año 1939, hace 82 años, en el contexto de los meses inmediatamente posteriores a la ocupación franquista de Catalunya y de la conclusión de la Guerra Civil española, el gobernador civil Wenceslao González Oliveros, firmaba la orden de destitución de los alcaldes de Teià (Maresme) y de Sant Agustí de Lluçanès (Osona) "por empleo del dialecto catalán en las comunicaciones oficiales". Además, aquellas destituciones venían acompañadas de sendas sanciones económicas de 1.000 pesetas (el equivalente a 6.000 euros) que González Oliveros impuso a los alcaldes cesados a título particular. Se daba la circunstancia de que aquellos alcaldes, como todos los del país, habían sido nombrados por el régimen franquista en el momento de la ocupación.

Durante su estancia en Barcelona (julio, 1939 – diciembre, 1940) González Oliveros (Toro, Castilla y León, 1890 – Madrid, 1965) hizo buena la fama de anticatalán que lo precedía (había sido uno de los principales detractores de la constitución de la Mancomunitat, de la restauración de la Generalitat, y de la enseñanza de la lengua catalana). Una de las primeras acciones que llevó a cabo como gobernador civil fue la desarticulación de una escuela clandestina catalana: se puso al frente de un pelotón de la Guardia Civil, asaltó aquella escuela y detuvo a los dos profesores que impartían. También protagonizó otras escenas ridículas, arrancando con sus propias manos las placas del nomenclátor de la ciudad rotuladas en catalán.

Aquellas sanciones serían el inicio de una campaña represora contra la existencia de cualquier testimonio de la lengua catalana en la vida pública. La prensa de la época (La Vanguardia Española, 29/08/1939) revela que el mismo día, González Oliveros firmó una orden de sanción de 10.000 pesetas (el equivalente a 60.000 euros) contra el comercio "La Saldadora" de Barcelona "po la publicación de anuncios no redactados en el idioma nacional". Poco después, en Reus estallaba otro conflicto entre las autoridades locales y el gobernador civil de Tarragona: el Ayuntamiento había utilizado impresos de la época republicana rotulados en catalán. En el caso de Reus, el conflicto se saldó con el cese de varios cargos municipales, paradójicamente, nombrados por el régimen franquista.