Tal día como hoy, hace 2 años, se celebró la consulta del 9-N, que contó con la participación de 2,4 millones de personas. Aunque esta cifra no superaba el 50% del censo, todos los analistas políticos internacionales la calificaron como un hito crucial en el procés. Para ilustrarlo gráficamente se dijo que el tren del catalanismo político, social y cultural había completado el trayecto de la estación del autonomismo a la del independentismo. Con más vagones y más pasaje que nunca. Un movimiento colosal impulsado por la sociedad civil que, también, sirvió para mostrar las dudas que generaba la fuerza motriz de la locomotora -la clase política- para desplazar aquel formidable tren.
La laminación del Estatut de Maragall impulsó la reformulación del catalanismo político, social y cultural. Se avistaba un cambio de era. Y con el estallido de la crisis la sociedad catalana exigía decidir la relación entre Catalunya y España. Libremente y democráticamente. Urnas en la calle. Las encuestas revelaban que el 80% de la población exigía la celebración de un referéndum legal y vinculante; que finalmente (la locomotora dubitativa) se tuvo que articular -haciendo uso de la ley catalana- en un formato consultivo de participación ciudadana. El 9-N contó con el apoyo de todas las administraciones municipales y comarcales. Y casi 2 millones de personas votaron sí a la independencia.
El poder político español -y la prensa cautiva- lo catalogaron como una "butifarrada folclórica". A posteriori, sorprendentemente, el aparato judicial español -a instancias del poder político- activó toda la maquinaria de persecución contra las "butifarradas folclóricas", consideradas un delito de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación. Un ridículo espantoso -a ojos de la comunidad internacional- de fabricación genuinamente española que -ante los rechinamientos pesados de la locomotora- ha servido para alimentar el procés. El éxito del 9-N -y a su vez el gran fracaso del poder político, económico y judicial español- ha sido, paradójicamente, la judicialización de la consulta. La definitiva internacionalización del procés.