Tal día como hoy del año 1485, hace 538 años, en la catedral de Zaragoza, un grupo de ocho personas apuñalaban mortalmente a Pedro Arbués, que nueve meses antes (enero, 1485) había sido nombrado inquisidor general del Reino de Aragón. Cuando se produjo aquel asesinato, la monarquía hispánica estaba desplegando la Inquisición en los países de la corona catalanoaragonesa. En 1478 ya la había implantado en la corona castellanoleonesa. En 1482 la empezaría a desplegar en Aragón, en Catalunya y en el País Valencià; y en 1488 en Mallorca. Inicialmente, la cancillería hispánica (que se había reservado el derecho a nombrar a los inquisidores generales) había creado una autoridad inquisitorial en cada uno de los estados. Pero después del asesinato de Arbués, reveladoramente, crearía una única autoridad en la persona del castellano Tomás de Torquemada.

La implantación de la Inquisición en los países de la corona catalanoaragonesa había generado muchos conflictos. Las instituciones de gobierno propias de estos estados lo interpretaban como una intromisión que lesionaba su independencia y las clases mercantiles judías o judeoconversaciones lo veían como una amenaza a su propia existencia. En aquel contexto de conflicto, las autoridades municipales de Teruel se habían negado a abrir las puertas de la ciudad a Arbués y a sus inquisidores (1483), y Fernando el Católico había hecho entrar al ejército de Castilla en territorio de Aragón para intimidar las ciudades que podían querer secundar aquel desafío. Después del incidente de Teruel, la tensión entre las instituciones y las élites catalanoaragonesas, por un lado, y la monarquía hispánica, por el otro, se había disparado hasta límites inéditos.

Arbués había proclamado públicamente que se sentía amenazado y vestía una cota de malla bajo el vestuario eclesiástico. Pero, según la versión oficial, sus asesinos conocían este detalle y lo apuñalaron en el cuello. Arbués moriría tres días después (17/09/2023) y sus asesinos (según la versión oficial, unos sicarios contratados por la élite judía de Zaragoza) serían detenidos, torturados y ejecutados. Seguidamente, el aparato policial y judicial hispánico desplegarían una brutal cacería contra las ricas y potentes comunidades judía y judeoconversación aragonesas que provocaría su desaparición. El asesinato de Arbués, que algunos investigadores actuales consideran un crimen de falsa bandera, precipitaría el despliegue de la Inquisición y provocaría, también, una sospechosa depuración de altos cargos que, hasta entonces, habían ostentado judíos y judeoconversos.