El anuncio de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, de que se repetirán todos los exámenes, después del fiasco de las oposiciones del pasado sábado, tan solo unas horas antes de su comparecencia parlamentaria de este viernes es, fundamentalmente, un dique de contención política. La oleada de críticas durante todo el fin de semana y este principio de mes, tanto por el caos organizativo como por la externalización del proceso, obligó a un primer cortafuegos con la dimisión de la directora general de Funció Pública el pasado martes, un segundo con la comparecencia en el Parlament y un tercero con este anuncio de repetición de las pruebas por parte de los opositores que ha ido acompañado de un anuncio de indemnización económica para los 13.500 aspirantes como compensación de las molestias causadas.

Este primer anuncio de repetición de todas las pruebas era inevitable, ya que el escándalo ha sido de tal magnitud y el caos tan enorme, que no había manera posible de seccionar el problema rebajando el número de total de afectados, como pareció decirse en un principio. Tomada esta decisión, falta por saber la madre de todas las preguntas que aún hay en el aire: ¿por qué se decidió externalizar un proceso tan importante a una empresa —Cegas, de Madrid— en vez de gestionarlo desde dentro de la administración como siempre se había hecho? Y si además de rescindir el contrato, como se ha anunciado, ¿se iniciará un proceso para reclamar una indemnización por el daño causado a la imagen de la administración catalana y también que corra Cegas con las compensaciones económicas anunciadas por Vilagrà para los opositores?

Porque si ahora se va a realizar con personal propio de la Generalitat, ¿por qué no se hizo el pasado sábado? Corregir es de sabios, pero en este caso es también la demostración de que se adoptó una decisión equivocada, que ha causado un enorme daño, y que no se midió bien si se podía o no externalizar cuando ahora se anuncia que sí que se va a hacer con funcionarios. No es, por tanto, un error, sino un cúmulo de errores que ahora se tratan de enmendar poniendo paños calientes tras una deficiente gestión. ¿Se le pidió opinión o ayuda a la Escola d'Administració Pública? Porque cuando se creó, en 1912, bajo la presidencia de Prat de la Riba, este organismo autónomo de carácter administrativo tenía entre sus objetivos la formación práctica y profesional en materia de administración pública. La Escola desapareció con la dictadura franquista y fue recuperada en 1979 bajo la presidencia de Josep Tarradellas, siempre con aquella idea de asemejarse a la ENA, la Escuela Nacional Francesa creada en 1945 para democratizar el acceso a la alta función pública a través del mérito por concurso, y disuelta por el presidente Emmanuel Macron en 2021.

Los funcionarios son la base de una buena administración, sea la municipal, la catalana o la española, y es muy importante que los ciudadanos tengan la mejor opinión de ellos, de su capacidad y rigor profesional y de su compromiso con el puesto de trabajo. La administración debería ser la primera interesada en preservar esta imagen, ya que fácilmente son objeto a veces de una crítica generalizada basada en el desconocimiento o en la mala fe. Por eso, los políticos han de ser muy cuidadosos y especialmente celosos de que no se degrade su imagen, que también acaba siendo la del país. Quedar expuestos a la crítica de que Catalunya no es capaz ni de organizar unas oposiciones internas de funcionarios, obligaba a tener unos controles mayores de los que hubo. Porque ahora el daño ya se ha hecho y, en parte, es irreparable.