Cuando se cumplen veinte días de la celebración de las elecciones catalanas, en el horizonte aparecen sin resolver los principales enigmas de los comicios: la elección de un presidente, la formación del nuevo gobierno y el acuerdo de las fuerzas independentistas respecto a la hoja de ruta de la legislatura. Se puede decir que el pacto de gobernación en Catalunya se ha embarrancado por las diferencias entre Junts pel Sí y la CUP y, además, las previsiones apuntan que así permaneceremos durante muchas semanas. Quién sabe, incluso, si se agotará el plazo reglamentario, que vence el próximo 9 de enero, y no sabremos hasta después de Reyes si en el regalo de los diputados de la CUP hay carbón o un vale con vencimientos periódicos para el president Mas.
Mientras que aquí, en Catalunya, todo es enormemente complicado y quizá difícil de seguir para un observador poco avezado, la justicia y el Gobierno español han empezado, en cambio, a situarse en el post 27S. La comparecencia del president Mas ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, forzada por Mariano Rajoy y por la Fiscalía General del Estado, no por prevista y esperada, ha dejado indiferente a nadie. Las escenas ante el TSJC y el desafío institucional del president, Govern, Parlament y alcaldes por la imputación de Mas, Ortega y Rigau en el proceso participativo del 9N da una idea de por dónde puede transcurrir la próxima legislatura. También del nivel de colisión que se dibuja en el horizonte.
El movimiento del Gobierno ante el envite ha sido subir un peldaño la amenaza y advertir por primera vez de manera expresa y rotunda de la posibilidad de suspender la autonomía catalana. Medios conocedores de la posición del Ejecutivo español no creen que se trate de un simple aviso. La modificación de la ley del Tribunal Constitucional estará operativa en muy poco tiempo y la capacidad sancionadora del Alto tribunal estará plenamente vigente. Quién sabe si el choque de trenes está mucho más cerca de lo que los escarceos iniciales dan a entender.