Las negociaciones de Pedro Sánchez con las formaciones independentistas para cerrar su investidura como presidente del Gobierno, que no están siendo todo lo fáciles que los socialistas pensaban, han alejado del foco el levantamiento institucional, judicial, político y mediático que se está produciendo en España. Habría que remontarse a la presidencia de Adolfo Suárez, del 77 al 81, para encontrar una situación similar en que desde tantos ámbitos diferentes se intentara desestabilizar al poder político representado por las Cortes Generales. Eso, además, en unos momentos en que el pulso PSOE-Junts ocupa todo el escenario político, Sánchez no tiene cerrada su investidura y el peaje de la misma no se ha rebajado precisamente después del último desencuentro.

No es propio de ninguno de los países de nuestro entorno lo que está sucediendo. Y no me refiero a la ley de amnistía, que gustará más o menos, pero es obvio que el Congreso de los Diputados es quien tiene la legitimidad para aprobarla y ya se verá después si el Tribunal Constitucional la valida o no. Hemos asistido en muy pocos días —todo durante esta última semana—, primero, a una declaración de un órgano del entramado institucional como es el Consejo General del Poder Judicial, donde un grupo de ocho miembros han pedido una convocatoria extraordinaria del pleno para oponerse a una amnistía, cuyo texto legal aún no se conoce. El CGPJ no tiene estas competencias y sus miembros están en una situación de mandato caducado desde hace cinco años.

Segundo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, ha rechazado la futura ley manifestando que supone el principio del fin de la democracia española. Tercero, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado a la ciudadanía a asumir los riesgos de actuar contra Sánchez señalando que es un peligro para la democracia. Para Aznar, se han traspasado muchas líneas rojas y ha tildado al presidente de "calaña moral". Preguntado otro expresidente, Felipe González, sobre si se habría reunido con Carles Puigdemont, su respuesta ha sido: "¿Pero, usted por quién me toma?".

Las negociaciones para la investidura han alejado del foco el alzamiento institucional, judicial, político y mediático que se esta produciendo en España.

Cuarto, la Audiencia Nacional, que tenía el caso parado, ha enviado a juicio por terrorismo a los CDR, y la Guardia Civil ha acelerado tres semanas el informe final condenatorio sobre Tsunami Democràtic. No voy a entrar en el posicionamiento de la prensa de papel, la gran mayoría de las radios españolas y las dos televisiones que, en muchos momentos, parecen claramente de extrema derecha. Los diques de contención de otros tiempos se han roto y hoy El Mundo, ABC o La Razón bien podrían ser el diario Pueblo o incluso El Alcázar de antaño.

Es una situación preocupante que alimenta imprudentemente el Partido Popular. En parte, es una situación descontrolada que lleva a manifestarse en Ferraz contra la dirección del PSOE en medio de gritos de "Viva Franco". Guarda una gran similitud con los movimientos de Donald Trump y sus seguidores en Estados Unidos contra la administración Biden. No es un golpe con metralletas, sino otro mucho más sutil y que busca el mismo resultado. Que el atado y bien atado sea la política del presente y también del futuro.