No deja de ser sospechoso que España sea el único estado de la Unión Europea que haya dado el silencio por respuesta a la Comisión Europea al requerimiento de información que le había sido formulado el pasado mes de mayo. No le saldrán los colores a nadie, ya que, seguramente, cuando emergerían con mucha intensidad, sería si realmente se supiera la verdad sobre el espionaje ilegal, con el programa Pegasus desarrollado por la empresa israelí NSO Technologies, más importante de Europa occidental conocido hasta la fecha. No está de más recordar que en aquella investigación, conocida coloquialmente como el CatalanGate, el portal de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto dio a conocer una lista de 65 personas espiadas, entre las que estaban fundamentalmente políticos, entre ellos tres presidents de la Generalitat -Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas-, así como una serie de activistas, empresarios, periodistas, informáticos... Todos ellos tenían en común su pertenencia o su simpatía con el mundo independentista.

Habida cuenta de que Pegasus solo puede ser adquirido por gobiernos, sería interesante saber un día la verdad que ha ocultado convenientemente el Gobierno español, que encontró como válvula de escape de la presión de aquellos días cesar a la directora del CNI. Evidentemente, fue un peaje barato para la dimensión internacional del escándalo, ya que perseguir a adversarios políticos es, además de ilegal, bastante feo y acostumbra a ser no solo un gran escándalo sino a tener un coste político importante. En España, ya se ha visto, eso sale bastante más barato, ya que el espionaje al independentismo se da por descontado y tiene un gran consenso político, judicial, mediático y hasta ciudadano. El hecho de que Grecia, Hungría y Polonia ya hayan ofrecido su respuesta por escrito a la CE tras la solicitud de Bruselas y que España se resista a facilitarles una versión demuestra que también son incompetentes, porque nadie espera que se ponga la verdad por escrito y se asuma que se ha realizado una actuación ilegal.

El gobierno Sánchez no solo se ha blindado con el silencio y la prohibición de una comisión de investigación, con el apoyo siempre raudo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Sino que, por si no fuera poco, de la chistera -o sea, del miedo- ha salido esa propuesta tan sui generis de que durante 50 años -y si es necesario otros 10 más de regalo- los altos secretos permanecerán ocultos siendo, aquí sí, los números uno de un país democrático a la hora de ocultar durante más tiempo la información a la opinión pública. Esto que es un verdadero escándalo democrático y que presentó, antes del verano, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tiene una cierta aquiescencia de los partidos del régimen que solo será modificado si la vergüenza colectiva y la presión que pueda haber obliga a ello. Solo hace falta un pequeño cálculo para saber cuando nos podremos enterar de lo sucedido en el golpe de estado sucedido en 1981 o el proceso independentista de Catalunya de 2017.

Decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el debate sobre el estado de la Unión, que se celebra estos días en Estrasburgo, la sede francesa del Parlamento Europeo, respondiendo al espionaje con Pegasus, que la democracia se tiene que fortalecer desde el interior de cada estado. Es una manera de sacarse las pulgas de encima, claro está. El tema es cuando no solo se defiende al máximo la democracia desde un estado sino que se practican actos ilegales como el espionaje masivo a adversarios políticos. Entonces, la Comisión Europea puede hacer dos cosas: silbar, como ha hecho hasta la fecha o mirar de preservar los valores democráticos. En el club europeo se ha optado por mirar hacia otro lado, ya que los socios son los socios y una cosa son los discursos y otra las acciones. Entendido. Pero que nadie se alarme si un día esa Europa que tan idealizada tenemos acabe siendo un lugar donde sea difícil defender los valores democráticos.