Había tantas ganas de celebrar la Diada de Sant Jordi, del libro y de la rosa, que las calles y plazas de Catalunya se han reencontrado, ni que sea durante unas pocas horas, con el país perdido por la pandemia. No ha sido un Sant Jordi normal, pero la gente lo ha disfrutado, ordenada, cívica y educadamente como si fuera una muestra más de que, si alguien ha entendido la gravedad de la situación, es la ciudadanía. Por momentos, parecía uno estar en alguno de aquellos envidiables países nórdicos en los que la gente, lejos de amontonarse, aguarda su turno en ordenadas filas para cruzar los pasos de peatones. Sant Jordi ha superado la prueba, como hace unas semanas sucedió con la Semana Santa. La desescalada debe tener en cuenta los rasgos de una ciudadanía respetuosa, por lo general, con las indicaciones e ir abriendo sin una demora excesiva los sectores que lo necesitan con urgencia y que con la situación actual y la falta de ayudas significativas de las administraciones ya no pueden esperar más.

Si algo caracteriza Sant Jordi, más allá del libro y la rosa, es el marco de comunidad y de encuentro que se produce. Entre escritores y lectores en primer lugar, en un fenómeno casi único y que este año ha tenido más sentido que nunca; pero también entre personas que se encuentran, quizás, este único día del año, en una librería. Este año se ha añadido también el reencuentro en las calles de personas que hacía meses que no se veían por la pandemia, un fenómeno quizás más de pueblo y menos de una gran ciudad. La diferencia es que este será un Sant Jordi recordado con el paso del tiempo por todas estas singularidades que lo hacen en parte normal pero también único.

Se han vendido libros y rosas, como es tradición. Y también, lamentablemente, como marca la tradición en todas las fechas que tienen una importancia para la identidad catalana, ha sido la jornada escogida por la Justicia, en este caso el Tribunal de Cuentas, para dar una nueva vuelta de tuerca a los líderes independentistas. En este caso, con motivo del envío de citaciones de comparecencia a finales del mes de julio por campañas en el extranjero —preferentemente publicitarias— con motivo de la independencia de Catalunya y, en menor medida, del 1 de Octubre, por el que muchos de los ahora encausados ya depositaron una fianza de 4,1 millones de euros. Entre los citados por lo ocurrido en el período de 2011 a 2017, se encuentran los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Francesc Homs, Neus Munté y Andreu Mas Colell y otros altos dirigentes de la Generalitat en aquellos años, hasta llegar a los 36 investigados.

El Tribunal de Cuentas no ha anunciado la cifra final que podría obligar a depositar solidariamente como fianza, pero puede ser la más elevada que se ha pedido nunca, teniendo en cuenta que inicialmente la situaba en alrededor de 35 millones de euros, según se filtró hace un año. Todo un disparate para amedrentar al independentismo, que primero recibe el castigo penal de los tribunales y después llega el Tribunal de Cuentas con sanciones millonarias.