En medio de una situación de gobernabilidad imposible y de pérdida de cualquier posibilidad de armar una mayoría parlamentaria que le permita mantener un mínimo programa de gobierno, Pedro Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso para responder a los últimos casos de corrupción, el llamado caso Leire y, veremos cómo, el de Zapatero. Más concretamente: la causa judicial del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que desplazó agentes de la UCO hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, buscando información para esclarecer una trama dirigida por Cerdán y ejecutada por Leire para desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a los socialistas o al gobierno, que, a la postre, tanto monta. Por esas cuestiones reglamentarias en las que el gobierno comparece a dar explicaciones cuando le da la gana, Sánchez retrasará al máximo su explicación en las Cortes y las fechas que se barajan son alrededor de la festividad de Sant Joan, o sea, casi un mes después de que el PSOE tuviera su último caso de corrupción.
La primera decisión de Moncloa ha sido colocar la comparecencia después de la de José Luis Rodríguez Zapatero, también citado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama los días 17 y 18 de junio, después de que la defensa del expresidente pidiera más tiempo —estaba citado para el día 2— tras conocer el sumario judicial. El expresidente español y sus hijas son, según la UDEF, los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno durante la pandemia. Zapatero es investigado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad mercantil y, según el juez Calama, la investigación ha permitido constatar la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por el expresidente. El expresidente habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables.
Aunque a Sánchez hace tiempo que el agua le llegó al cuello y mucho más, su estrategia sigue siendo la del inicio de la legislatura: patada adelante y resistir
Ese anuncio de Moncloa se ha producido el mismo día que empezaba en Badajoz el juicio contra David Sánchez, el hermano del presidente, por supuestas irregularidades en su contratación en un cargo de la Diputación como coordinador de actividades de los conservatorios, así como otros vinculados a artes escénicas. El hermano de Sánchez ha reclamado la nulidad de su juicio, alegando que todo está basado en recortes de prensa y mentiras y que, si hubiera habido delito en la creación de la plaza, habría prescrito. Según la Diputación de Badajoz, percibió, entre julio de 2017 y mayo de 2025, un total de 340.572 euros. La acusación es de prevaricación y tráfico de influencias y, junto al hermano del presidente, aparecen acusados hasta una decena de cargos y exresponsables de diferentes áreas de la Diputación, entre ellos, el expresidente.
Aunque el ahogo judicial es mucho más relevante que el político, donde nadie quiere dar un paso tan relevante como el de la moción de censura, no deja de ser llamativo que en pocos días el presidente del PNV, Aitor Esteban, haya sacado tarjeta roja a Sánchez y haya insistido en el final de la legislatura antes de que acabe este 2026. Su contundencia en que la legislatura ha llegado a su fin y así debería ser, tiene que ver con el temor a que una parte significativa de sus bases electorales le reproche no tomar más distancia del PSOE. Pero también en que el PNV debe prepararse para las elecciones si no quiere ser superado por Bildu. De todas maneras, aquí nadie va a apoyar a PP y Vox, si no cambian los actuales parámetros, y aunque a Sánchez hace tiempo que el agua le llegó al cuello y mucho más, su estrategia sigue siendo la del inicio de la legislatura: patada adelante y resistir. Ahora ha ganado un mes más, hasta Sant Joan.