La separación en dos decretos ley para hacer frente a la crisis de Oriente Medio va a permitir que el gobierno saque adelante, finalmente, en el Congreso de los Diputados, un conjunto de medidas económicas para minimizar el impacto tanto en los consumidores como en diferentes sectores productivos. Obviamente, decaerá el decreto que ha impuesto Sumar y en el que figuran diversas medidas sobre contratos de alquiler, que en dos ocasiones anteriores este año no superaron el voto necesario del Parlament. Pero el otro, el realmente importante para paliar la crisis energética producto de la guerra de Irán, saldrá, si no hay sorpresas en el bloque de la izquierda, adelante. Es más, son medidas que bien podrían contar con el aval de los diputados del Partido Popular si no estuvieran en el no a todo. Veremos si Alberto Núñez Feijóo es capaz de estar donde le tocaría.
En síntesis, lo que el gobierno ha acordado, y que el jueves llegará al pleno del Congreso para su convalidación, es, entre otras cosas, la reducción del IVA hasta el 10% en suministros como la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo; la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), fijado en el 7%, y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) hasta el tipo del 0,5%. Tres medidas que buscan limitar el impacto del aumento de precios tanto en hogares como en empresas. Simultáneamente, se articulan diferentes líneas de ayuda dirigidas a colectivos especialmente afectados, así como a actividades económicas con una elevada dependencia energética. Según el gobierno, el coste para el erario público de las medidas aprobadas asciende a unos 5.000 millones de euros.
El gobierno, ni que sea por una vez, ha hecho las cosas para que el decreto anticrisis salga aprobado y no acabe en el desguace
Son rebajas temporales, ciertamente, hasta el 30 de junio, pero su mantenimiento, ampliación o supresión tendrá mucho que ver con la evolución de la guerra de Irán, que no está siendo tan corta como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó inicialmente, más allá de anunciarnos reiteradamente un final que aún no se ve. El gobierno, ni que sea por una vez, ha hecho las cosas para que el decreto anticrisis salga aprobado y no acabe en el desguace. Intentó, el mismo jueves, con Junts la aprobación de un único decreto con las medidas económicas que ellos querían y las propuestas sobre alquileres y ocupación que ya han rechazado en enero y febrero en el Congreso. Míriam Nogueras lo rechazó de plano y, con ello, el gobierno solo tenía dos caminos si quería que, por una vez, prosperara: un único decreto, sin los temas de vivienda, o dos decretos, incluyendo aquí las peticiones de Yolanda Díaz, que siempre podrá decir que las ha defendido cuando no salgan.
El segundo camino acabó siendo el más fácil para Sánchez, aunque sea el menos serio, ya que aprobar reales decretos que después no van a salir en el Congreso por carecer de mayoría parlamentaria acaba siendo mero postureo y un mal uso de la medida, concebido con un objetivo muy diferente y utilizado anteriormente excepcionalmente y con consenso. Tanto es así que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno que ha perdido más decretos ley en el Congreso hasta alcanzar un récord difícilmente igualable, ya que más de dos tercios de los rechazados en democracia los ha aprobado el Consejo de Ministros que preside.