Ahora que hay una cierta perspectiva temporal se puede asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ejecutivo se han reservado ases en la manga en las dos trascendentales negociaciones que han mantenido durante estos meses con su socio parlamentario, Esquerra Republicana, en relación con los indultos de los presos políticos y la modificación del Código Penal en lo que respecta a la desaparición del delito de sedición, la modificación de la malversación y la creación de los desórdenes públicos agravados. El Tribunal Supremo ha estirado como un chiclé el nuevo Código Penal, pero el Gobierno esto ya lo había valorado como muy posible y se había reparado para ello.

Al final, se puede ver con mayor nitidez que la Moncloa ha jugado toda la partida aparentando que daba más pasos de los que en realidad acababa haciendo y siempre con una tupida red que le permitiera aterrizar con garantías en la batalla electoral, tanto de las municipales del mes de mayo como en las españolas del próximo mes de diciembre. El primer juego se llevó a cabo con la aprobación de los indultos el pasado 23 de junio. Era tal la felicidad de aquel momento por poner punto y final a los más de tres años de prisión, que se prestó poco interés a la letra pequeña y sus consecuencias, que, por otro lado, es donde suelen estar todos los problemas.

Aquel indulto, parcial y condicionado, ya parecía suficiente cuando era, como se ve ahora, más parche de lo que fue. Al ser parcial, dejaba vivas las penas de la condena, no solo la prisión, sino también la inhabilitación. Al ser condicionado, el Supremo podía revocarlos en cualquier momento. Este sábado, el magistrado Joaquim Bosch ponía el dedo en la llaga en una entrevista para este diario: "Si la intención era dejar sin efectos las inhabilitaciones, la vía era el indulto". Primer as que se reservó la Moncloa. Para Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, al no decaer los delitos de malversación, ahora agravada, se les mantiene la inhabilitación de entre 12 y 13 años. Era corregible con los indultos y no se hizo, y en la Moncloa se sabía lo que se hacía.

Ahora se ha tratado de enmendar vía modificación del Código Penal, pero los resquicios del Supremo para desbaratar los planes eran muchos si no se tenía un especial cuidado a la hora de cerrar todas las grietas. Con los presos políticos ya fuera de la prisión, que era lo que Europa le exigía a Sánchez, a él solo le preocupaba la desaparición del delito de sedición —otra exigencia europea—, pero Esquerra exigía incorporar la reforma de la sedición para aprobarle los presupuestos y la tranquilidad del final de la legislatura. El PSOE se lo hubiera querido ahorrar, pero transigió, aunque las cuentas públicas hubieran podido salir sin sus socios de legislatura. Y aquí se quedó el segundo as: sabía que el Supremo —¿o alguien se piensa que no se hablan entre ellos?— aplicaría la malversación agravada para el grueso de los presos del Procés y les mantendría la inhabilitación.

Ahora que se cumple un año —cuando se acordó que serían cada seis meses— de la última y segunda reunión de la llamada mesa del diálogo entre ambos gobiernos, se ve que la inoperancia de este foro ha ido parejo a los obstáculos habidos en una negociación judicial alternativa. Porque, al final, el conflicto es político y las leyes no son, ni serán nunca, un atajo. Deben ser, en todo caso, un camino después del acuerdo político. Aquí se ha intentado empezar la casa por el tejado: como no podemos ponernos de acuerdo en la resolución del conflicto (amnistía y referéndum), miremos qué podemos hacer con la legislación. Y el resultado, a la vista está. Decía Winston Churchill que un apaciguador es alguien que alimenta al cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él.