De Carles Puigdemont se han dicho muchas cosas en estos cien días que lleva como president de la Generalitat pero quizás, la más importante, es que hoy por hoy casi nadie le conoce. Continúa siendo el político imprevisible en sus movimientos, muy intuitivo en la programación de su acción política y el manejo de su agenda y cuenta, además, con la facilidad que suele acompañar a los alcaldes de ciudades intermedias, en este caso Girona, y que se traduce en aparecer siempre muy cercano a los problemas cotidianos.
Su último movimiento, con la convocatoria el martes de una mesa de alcaldes metropolitanos y sectores afectados por el recurso del Gobierno español al Tribunal Constitucional contra la ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética, es de gran político. Y da sentido a su esquema de estos más de tres meses: la política catalana no puede prescindir del impulso y la opinión de los municipios metropolitanos gobernados por la izquierda. Ahora se entiende más su interés por el cinturón metropolitano y sus visitas a L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, etc. Catalunya hay que armarla desde los municipios, parece querer decir Puigdemont.
También desde un nuevo pacto social. Si desde el año 2012 el independentismo ha intentado el mayor pacto nacional posible (el que dio el 48,7% en las elecciones del 27-S de 2015) ahora parece llegado el momento de intentar un pacto social, en el que será imprescindible la izquierda. Sobre todo aquella izquierda que tiene responsabilidades de gobierno y que en sus municipios no tiene problemas muy diferentes a los de la Generalitat. El Govern se juega mucho con esta apuesta y puede acabar siendo clave en la gestión de mayorías más amplias, un objetivo que no es nada despreciable.