La incógnita de los presupuestos de la Generalitat para 2023 lleva camino de resolverse después de que Esquerra haya levantado el veto a un acuerdo con el PSC. Así, el primer y el segundo partido en las elecciones del 14 de febrero de 2021 resuelven el que era el principal reto tras la ruptura del Govern presidido por Pere Aragonès, y si nada se tuerce habrá cuentas públicas renovadas -lo que supone una inyección importante de dinero extra para poder invertir. Y ERC habrá ganado por una vía indirecta algo similar a una cuestión de confianza, ya que la aprobación de unos presupuestos tendría un efecto balsámico para un Govern con solo el apoyo de 33 diputados.

Es cierto que ERC y PSC no han llegado al final del camino y en una negociación siempre hay margen para la ruptura. Pero no parece que este vaya a ser el caso. Les faltarían algunos pocos diputados pero no parece que vayan a tener una especial dificultad en incorporar a En Comú Podem, que ya fue socio del anterior Govern bipartito en los presupuestos. Aragonès ha hecho de la necesidad virtud y los 50 días transcurridos desde que Junts abandonó el Govern le han dejado como únicas alternativas renunciar a tener presupuestos y quedar abocado a una muerte súbita de la legislatura o tirar adelante con el PSC. Era obvio que el dilema tenía más de teórico que de práctico, ya que un gobernante siempre preferirá disponer de unos nuevos presupuestos que seguir con los anteriores.

Con este marco político catalán en el horizonte, a Esquerra y al PSC solo les quedará explicar a sus respectivas parroquias las bondades del acuerdo, algo que, por otro lado, no les será difícil, pues unos presupuestos siempre son fáciles de vender internamente y también en los espacios concéntricos favorables a la estabilidad, desde el Cercle d’Economia a las organizaciones patronales y sindicales. Los socialistas, a rebufo de encuestas como la del CEO, que les da una holgada victoria si ahora hubiera elecciones, se quitan de encima varias capas del poso del 155 por la vía de una oposición soft en cuestiones que acaban siendo un buen escaparate para la ciudadanía.

A Junts le quedará el extraño papel de tener que oponerse a unas cuentas que hubiera liderado uno de sus consellers y que no hubieran sido diametralmente diferentes. De hecho, el conseller d’Economia Jaume Giró ya le había propuesto a Aragonès negociaciones con el PSC para asegurarse las cuentas y este se había negado. Ahora las circunstancias son otras, claro está, y a Junts no le queda otra que una oposición rígida y contundente. Un camino empedrado e incierto que una parte de su electorado no acaba de entender, ya que es difícil implantar un relato cuando el rumbo y el objetivo aparecen desdibujados. También algunas de sus políticas que aparecen borrosas en plena situación de crisis económica y de enormes dificultades para las clases medias y las más desfavorecidas.

Es posible que alguno de los dirigentes de Junts que creyeron que saliendo del Govern se les abriría un camino despejado para marcar la agenda política en Catalunya ya habrán visto que las cosas no son solo blanco o negro y que hasta la fecha el rédito tiene más de negativo que de positivo.