Completada esta semana la ronda de conversaciones del president Aragonès con los partidos catalanes y los agentes sociales, el Govern de Esquerra Republicana enfila el camino para la aprobación de los presupuestos con sus escasos 33 diputados. Lo hace sin haber confirmado su voluntad de presentar las cuentas aunque no tenga apoyos parlamentarios suficientes y habiendo especulado, en más de una declaración pública y para no cogerse los dedos, que también existía la posibilidad de que las cuentas públicas catalanas fueran prorrogadas. Una opción que nunca es ideal, pero que en los últimos años ha sido utilizada en varias ocasiones por los diferentes gobiernos de la plaça de Sant Jaume ante la ausencia de mayorías parlamentarias, y que fue sorteada el pasado año en las cuentas que logró aprobar el entonces conseller Jaume Giró que, además, después de una década fueron efectivas en el calendario marcado del 1 de enero.

La ruptura del Govern, tras abandonar Junts el ejecutivo catalán después de los incumplimientos de investidura de Aragonès, ha dejado una situación ciertamente complicada, aunque no imposible. Dependerá en buena medida de la cintura del ejecutivo catalán y de las concesiones que esté dispuesto a hacer. Hay mayoría para ello, bien sea a partir de la del año pasado —ERC, Junts y comuns— o la de izquierdas —PSC, ERC y comuns—. Todo ello contemplando que los socialistas de Salvador Illa se han ofrecido en varias ocasiones para la negociación e incluso le han reprochado a Aragonès la lentitud del Govern en la negociación, lo que, en la práctica, hace inviable que el 1 de enero los presupuestos estén operativos. Y siempre estaríamos hablando del primer trimestre del año próximo.

Junts, que inicialmente se mostró refractario a negociar los presupuestos alegando que no se entendería que abandonara el ejecutivo y buscara un acuerdo en lo que es siempre la ley más importante del año, se reunirá con Esquerra. No serán, en ningún caso, unas conversaciones fáciles, ya que si bien es cierto que los grandes trazos de las cuentas son los de Jaume Giró, eran fruto de una negociación y unas cesiones propias del gobierno de coalición ya inexistente. Por otro lado, también ha habido correcciones al haber cambiado direcciones generales entre departamentos y haberse adaptado partidas a las nuevas prioridades políticas.

Por tanto, es normal que la negociación parta de cero y que Junts intente que los presupuestos tengan una mirada en la que se identifique su huella si los acaba votando. Otro tanto pasa con el PSC, que no ofrecerá sus votos gratuitamente y que quiere negociarlos desde el inicio y no sumarse en el último momento. Los socialistas fijarán un precio político alto, ya que las encuestas los sitúan con un margen de escaños por delante si ahora volvieran a haber elecciones. Su objetivo principal es este, unos nuevos comicios cuando antes mejor. Si los presupuestos salen con sus votos, verbalizarán su apuesta en la gobernación y la fragilidad del ejecutivo, exigiendo elecciones. Si las cuentas no son aprobadas y se va a una prórroga presupuestaria, igual. Su objetivo es que los catalanes vayamos cuando antes a las urnas y que las elecciones catalanas queden siempre antes que las españolas (finales de 2023).

Con este escenario, Aragonès intentará mover pieza después del puente de Todos los Santos. En principio, es un sudoku imposible, ya que solo él quiere que la legislatura no se salga del carril y se estabilice. Y para ello tiene, en principio, muy pocos diputados. Y, además, hace algo más de una semana, la portavoz socialista Alicia Romero ya habló de una moción de censura al president, y este sábado el diputado de Junts, Joan Canadell, en una entrevista a El Nacional se mostró partidario, llegado el momento, de votar una moción de censura presentada por el PSC, si era para convocar elecciones inmediatamente. Más allá de que esto sea o no posible, verbaliza que los dos partidos intentan dar por terminada la legislatura y quieren elecciones.