Si se hiciera un ránking de formaciones políticas españolas que siempre, por sistema, están en contra de cualquier iniciativa política que beneficie a Catalunya, el Partido Popular estaría claramente en cabeza. Y, además, sin necesitar para ello a barones de otros lugares de España, ya que el PPC se basta y se sobra con lo que tiene para parecer que son foráneos en su propia tierra. No necesitan políticos cuneros para defender verdaderas estupideces por el simple hecho de agradar a lo que en el lenguaje popular se llama Génova, que es así como se conoce la sede central de los populares madrileños.

La última estupidez escuchada procede de la líder de los populares en Bruselas, Dolors Montserrat, recientemente ascendida a secretaria general del PP europeo y que también es vicepresidenta de los conservadores en el Europarlamento. Dice Montserrat que la condonación de la deuda del FLA es una amnistía contable al separatismo y un chantaje al Gobierno Sánchez. Poco o nada debe saber del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) Dolors Montserrat, ya que de los 83.252 millones de euros que se destinarán a rebajar la deuda de las autonomías con el Estado, tan solo 17.104 millones serán para la Generalitat de Catalunya.

Poco o nada debe saber del FLA Dolors Montserrat, ya que de los 83.252 millones de euros que se destinarán a rebajar la deuda de las autonomías con el Estado, tan solo 17.104 millones serán para la Generalitat de Catalunya

Curiosa amnistía contable al separatismo cuando la mayor cifra condonada corresponderá a Andalucía con 18.791 millones, que preside el popular Juanma Moreno. Y le sigue la valenciana con 11.210 millones y así todas las autonomías que no tienen concierto fiscal, o sea quince de ellas se aprovecharán y quedan fuera País Vasco y Navarra. Lo que no explica Dolors Montserrat y siempre tiende a ocultarse es que el FLA, creado en julio de 2012 por el gobierno Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro —sí, el mismo que aparece involucrado en un caso de corrupción política por favorecer a empresas a cambio de pagos directos a un despacho fundado por él mismo— ha sido un arma política.

Por un lado, no se reforma el sistema de financiación, que ahoga la autonomía catalana; a ello sigue la necesidad de más recursos para atender servicios básicos que, en plena crisis económica y con un incremento de población constante desde 2012 de 700,000 personas, supera los ocho millones desde 2023. La respuesta de Rajoy fue que las autonomías pidieran crédito al Estado —el FLA— y a partir de aquí había el control político y el económico. Nada se podía hacer sin el aval del ministerio de Hacienda. O sea, expolio fiscal con una mano y FLA con la otra. ¿Qué le podía salir mal al Estado español?

Ese FLA aún dura y de hecho el Gobierno Sánchez ahora va a cumplir un compromiso con Esquerra de su investidura de 2023 y, pese a la rebaja, Catalunya seguirá debiendo al FLA más de 70.000 millones de euros. Como los datos de déficit fiscal para 2025 no están disponibles y los últimos de los que se dispone son los de 2021, que lo cifraron en 22.000 millones, las cuentas de cómo estarían las arcas de la Generalitat si se hubiera solucionado esta asfixia económica son bien fáciles de hacer. Otra cosa es que ese debate no esté ahora encima de la mesa y no interese que esté ni al gobierno español ni al catalán.

Por eso es más fácil hablar de amnistía contable que ponerse con expertos y calculadoras a solucionar un problema endémico en Catalunya y que acaba siendo decisivo a la hora de aplicar determinadas políticas.