La decisión de la Mesa del Parlament de suspender de sus funciones a la presidenta Laura Borràs, una vez se le ha abierto juicio oral por parte el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es el desenlace lógico y previsible desde hace muchos meses. De hecho, ya se sabía cuando Borràs aceptó el cargo de segunda autoridad política de Catalunya que, si el TSJC le abría juicio oral, esto acabaría pasando. Si su cargo fuera otro, por ejemplo consellera, hubiera podido perfectamente no ser cesada. Rasgarse ahora las vestiduras tiene, por tanto, algo de impostado. Otra cosa es que los partidos independentistas, Esquerra y la CUP, hayan querido dejar bien claro que la cesaban por corrupción aplicando el artículo 25.4 del reglamento, cuando hubieran podido emplear el 25.1 con el mismo resultado, ya que también servía para ello, pues señala que los diputados del Parlament pueden ser suspendidos de sus deberes parlamentarios después de un dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Borràs dijo desde el primer momento que no dimitiría del cargo que ocupa desde marzo de 2021 y lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias, ya que en el Parlament se ha vivido una situación excepcional y triste desde todos los puntos de vista. Es una manera de defender su inocencia, claro está; pero, obviamente, no la única. Lo contrario sería señalar directamente y considerar directamente culpables a todos los que lo han abandonado para defenderse, según su opinión, en mejores condiciones o para no condicionar el partido del que forman parte o la institución a la que dicen servir.

Aunque es obvio que esta situación no debería condicionar la composición del Govern, no es seguro que no acabe teniendo repercusiones, ya que la política catalana es a veces demasiado infantil en sus conclusiones. La ruptura de la coalición de gobierno y un hipotético abandono de Junts del ejecutivo catalán debería venir fruto de un doble análisis: en primer lugar, los incumplimientos del pacto acordado entre Pere Aragonès y el entonces secretario general de Junts, Jordi Sànchez. Se está para ello elaborando una auditoría, que si está bien hecha, debería ser el punto de partida para un análisis serio y menos visceral.

Pero a la hora de valorar pros y contras, también debe incorporarse al análisis cómo se sirve mejor a los catalanes, empezando por sus propios votantes. Entre otras cosas, porque hay mucho camino a recorrer con seis conselleries, el 50% del Govern, si lo que se quiere es defender posiciones políticas de Junts, algo que no siempre se ha hecho, es más, se ha escondido demasiadas veces la cabeza debajo del ala y se han abandonado en beneficio de Esquerra, los comunes o la CUP. Abandonar el Govern y pasar a ser el segundo partido de la oposición —el primero es el PSC— es un camino con demasiados obstáculos para un partido en construcción y una peligrosa llamada a un pobre resultado en las próximas municipales.