La tragedia humana en la frontera con Melilla, con una cantidad aun indeterminada de muertos pero que ya se acerca a los cuarenta, pasa a figurar en la lista de facturas de Pedro Sánchez, ya que cuesta alejarla de los recientes acuerdos entre Marruecos y España aceptando que el Sáhara Occidental se convierta en una autonomía marroquí y, en consecuencia, abandonando sus históricas reivindicaciones al derecho a la autodeterminación. En política internacional y migratoria los movimientos acaban teniendo consecuencias y este es, lamentablemente, uno de ellos. El destrozo realizado por el Gobierno español en aquella área se sabía que iba a tener consecuencias: las tiene con Argelia en el tema del gas y se mintió cuando se dijo que daría un impulso a la lucha contra la inmigración ilegal.

Si la muerte de tantas personas hay que considerarla una tragedia, la actuación de la policía marroquí, que hemos visto en multitud de vídeos e imágenes que se han distribuido, es deplorable. Sorprenden más por ello los elogios que ha vertido Pedro Sánchez a la intervención de la policía, que además de no corresponderse con la realidad, no hace otra cosa que un elogio de la desmedida represión policial que se produjo el viernes. Las repugnantes palabras de Sánchez y la situación vivida en la frontera con Melilla necesitan una rectificación, una aclaración y una investigación, ya que la vulneración de los derechos humanos en la frontera entre Marruecos y Melilla viene de antaño.

Lo más preocupante de todo es que desde hace demasiado tiempo -y se ha agravado tras los resultados de las elecciones andaluzas, donde el desplome socialista ha avanzado la magnitud del desastre de las próximas elecciones españolas- es imposible saber el rumbo trazado por Pedro Sánchez a la hora de establecer una estrategia de gobierno. En estos momentos, dudo que sepa lo que dice, lo que hace y a donde va. Ha mentido tanto y a tantos que cualquier aproximación más allá de lo imprescindible acaba siendo tóxica para quien la realiza, ya que está en una carrera hacia ninguna parte.

El último ejemplo es de este sábado con la aprobación de un nuevo decreto anticrisis por importe de 9.000 millones de euros que incluye ayudas directas para ciudadanos con bajos ingresos y la reducción de los abonos del transporte, con el objetivo de frenar la crisis de la inflación de precios. Esto no es un plan anticrisis, sino unas medidas primero tardías, segundo paliativas y tercero propagandísticas, ya que en el momento en que se producen son de una eficacia más que discutible. No será la primera vez -lo acabamos de ver con el precio de la luz- en que el anuncio y los resultados tienen muy poco que ver. Y no olvidemos que Europa ya reclama menos déficit a España.