La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar la sentencia que garantizaba el derecho constitucional al aborto en todo el país y dejarlo a la aplicación que desee realizar cada estado, es un dramático salto hacia 50 años atrás. También es el ejemplo más claro de la importancia del sesgo ideológico en un tribunal, ya que el Supremo de EE.UU., cuyos miembros son vitalicios, experimentó una profunda remodelación al poder incorporar Donald Trump tres nuevos miembros para cubrir vacantes que se habían producido. El resultado de seis votos a tres es un retroceso inexplicable, una pérdida de derechos para las mujeres estadounidenses y una dolorosa situación para alrededor de 36 millones de personas que perderán de la noche a la mañana un derecho constitucional.

La velocidad con que las posiciones de los conservadores están ganando plataformas de poder para imprimir un sesgo ideológico no es exclusiva de países como Estados Unidos. En España, con otra arquitectura constitucional, la posición de bloqueo en la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, tiene un componente similar que acaba adoptando decisiones ideológicas que chocan con el poder democrático. La queja de este viernes del presidente Biden, ya que la resolución del Supremo también choca con su posición política y la de los demócratas en su conjunto, es una prueba evidente. En España aún es más grave, ya que el contrapoder judicial acaba convirtiéndose en el poder con mayúsculas y existe el peligro de que en las democracias occidentales se haga cada vez más política desde la justicia acabando con la separación de poderes.

En otros países como Hungría, Polonia o Rumanía hemos visto esta decantación conservadora a partir de una fuerte posición judicial en el debate político. El largo debate social que ha habido en Estados Unidos sobre el derecho constitucional al aborto ha fracturado totalmente el país entre los estados del norte y los del sur. Tanto es así que una treintena de estados están ya preparados para aplicar de manera rápida la nueva doctrina del Supremo de EE.UU. con la consiguiente restricción para las mujeres que deseen abortar. Se avecina, por tanto, una intensa polémica  y una radicalidad en la ejecución de la norma de los estados más conservadores como Kentucky, Luisiana, Dakota del Sur, Idaho, Tennessee y Texas.

La regresión, que ha sido condenada por la ONU, no deja de contrastar, por ejemplo, con el derecho constitucional a las armas de los ciudadanos norteamericanos tan de actualidad, en los últimos años, por las matanzas que asesinos descontrolados han provocado. Pese a lo insuficiente de la respuesta, no deja de ser mínimamente esperanzador que tras la prohibición del derecho al aborto, compañías como Amazon, Disney, Paramount, Sony, Netflix y Warner Bros Discovery ya hayan anunciado que pagarán todos los gastos a sus empleadas que deseen interrumpir su embarazo en otros estados en los que sí esté permitido. Hará falta también que esa iniciativa sea mucho más global y que la administración Biden ayude a encontrar una solución para paliar la retrógrada medida para millones de mujeres.