Cada vez que se produce un pronunciamiento de alguno de los tribunales españoles —bien sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) o el Tribunal Supremo— sobre la lengua catalana y su uso en la educación, oigo una explicación parecida a la siguiente: el catalán en la escuela continuará siendo la lengua vehicular y el Govern está comprometido con el modelo lingüístico actual. Pero la realidad es que, más allá de la voluntad del Govern, el marco legal va cambiando aunque la rutina del día a día sea mucho más lenta. La decisión del TSJC, que, por sus posiciones, debería ser tildado de TSJ en Catalunya más que de Catalunya, lo que hace es instar a la Generalitat a que, mientras el Supremo no decida, los preceptos anulados del decreto el pasado septiembre queden sin aplicación provisional.
Porque no estamos ante una nueva sentencia sobre la inmersión lingüística, sino ante una demanda de ejecución provisional que ha instado una autodenominada Asamblea por una Escuela Bilingüe. Lo que reclaman y el TSJC les concede es que aquellos artículos que fijaban el catalán y el aranés como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje y también como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa, la relación con las familias, los materiales didácticos o las evaluaciones no sean efectivos. En la práctica, el resultado de lo que establece el TSJC es que la Generalitat no puede apoyarse en estos artículos suspendidos para imponer o estructurar determinadas obligaciones lingüísticas en los centros.
El modelo de inmersión no desaparece hoy, pero, en la práctica, va desapareciendo poco a poco
La Generalitat, a través del conseller de Presidència, Albert Dalmau, ya ha anunciado que presentará un recurso de reposición dentro de los cinco días de los que dispone. Pero el TSJC ha ido estableciendo, en diferentes sentencias de los últimos años, una doctrina en la que ha ido virando el centro de gravedad establecido al inicio de la Transición, no en base a pronunciamientos judiciales, sino a la aceptación de que el sistema de inmersión lingüística no se cuestionaba. La entrada de Ciudadanos en la política catalana dio al traste con este planteamiento y el viraje ha sido profundo, hasta establecer que en las comunidades con dos lenguas cooficiales debe existir una presencia razonable de ambas. De ahí a que se deje de priorizar el catalán, hay tan solo un paso.
El modelo de inmersión no desaparece hoy, pero, en la práctica, va desapareciendo poco a poco. Lo paradójico del caso es que, cuando más se necesitaría reforzar el catalán en las aulas y en el sistema educativo en general para paliar el retroceso en el uso social que se está produciendo, los tribunales lo que hacen es desproteger el conocimiento de la lengua propia del país. Todo ello, además, con el horizonte de la llegada del Partido Popular y de Vox en poco más de un año al Gobierno de España, que, si algo han demostrado en el País Valencià y en les Illes Balears, es la beligerancia contra el catalán.