El Parlament de Catalunya ve limitadas las opciones para emprender acciones legales contra el diputado de Vox Alberto Tarradas después de sus polémicas declaraciones en el hemiciclo. Así lo concluye el informe jurídico elaborado por el letrado mayor de la cámara, Miquel Palomares, que apunta que la libertad de expresión en el ámbito parlamentario es especialmente amplia y deja poco margen de actuación judicial en este caso. Según fuentes de la Mesa, Palomares ha expuesto este lunes un borrador del documento, en el que se analiza la posibilidad de llevar a los tribunales las palabras de Tarradas, que afirmó que "de momento" no deportarán a la diputada de ERC Najat Driouech. Aunque posteriormente el diputado pidió disculpas y sus declaraciones se retiraron del Diari de Sessions, la Mesa decidió actuar de oficio y trasladar el caso a la Comissió de l’Estatut del diputat.

Con todo, el órgano rector del Parlament no da por cerrada la cuestión. La Mesa ha acordado encargar dos informes adicionales a expertos externos en derecho penal para explorar con más profundidad si existe algún recorrido jurídico para actuar contra este tipo de manifestaciones. Los hechos se remontan al 30 de abril, cuando la Mesa consideró que las palabras de Tarradas traspasaban "líneas rojas" inéditas hasta ahora dentro del hemiciclo. Ante esta situación, el Parlament decidió, por primera vez, analizar si estos comportamientos podrían tener consecuencias legales más allá del ámbito estrictamente parlamentario.

Nuevas declaraciones de Vox en la comisión

En paralelo, la Comisión del Estatuto del Diputado deberá analizar un nuevo episodio protagonizado por Vox. La Mesa ha trasladado a este órgano, a petición del PSC, unas declaraciones de la diputada Júlia Calvet durante la comisión de Políticas de Juventud del pasado 6 de mayo. En aquella sesión, Calvet cuestionó la participación de una representación de Juventud África Negra y afirmó que “no se puede ser solidario con los de fuera mientras se ha abandonado a los de casa”, añadiendo que “para hablar de los retos de la juventud africana el lugar ideal para hacerlo es África”. El PSC considera que estas palabras podrían vulnerar el Código de Conducta del Parlament, y será ahora la comisión quien decidirá si abre un expediente.

Esta no es la primera vez que Calvet se encuentra bajo escrutinio. La diputada ya tiene abierto otro expediente por unas declaraciones hechas a principios de julio de 2025, también en la comisión de Políticas de Juventud, cuando acusó a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de "liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament" en relación con la DGAIA.

El caso también ha salpicado al presidente de la comisión de Políticas de Juventud, el diputado del PPC Hugo Manchón. Varios grupos parlamentarios —PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP— han pedido a la Mesa que adopte medidas “a título de advertencia” por su “clara omisión” durante la intervención de Calvet. Ante esta petición, la Mesa ha optado por trasladar formalmente la queja a Manchón, considerando que su actuación podría no haber sido la adecuada en el desarrollo de la sesión.