A falta de dieciocho días para el inicio del curso escolar, el Departament d'Educació ha avanzado una serie de medidas para tratar de impedir la huelga convocada para el primer día de la vuelta a clase o, cuando menos, atemperar su impacto. El movimiento del departamento que lidera Esther Niubó tiene tres patas: en primer lugar, habilitará más aulas de acogida para facilitar la integración intensiva y acelerar el aprendizaje de los jóvenes recién llegados a Catalunya. En segundo lugar, se incorporarán técnicos sanitarios en la mitad de las escuelas para atender las necesidades de los nuevos alumnos y, finalmente, Educació trabaja en una serie de medidas adicionales que tendrán por objeto mejorar las condiciones laborales de los docentes.
Todo apunta a que este paquete de medidas es básicamente fruto de las reuniones que se han tenido con directores, docentes y profesionales, ya que la negociación propiamente dicha con los sindicatos no ha existido, según ellos mismos han ido señalando desde que acabaron las clases, el pasado mes de junio. A ello se suman los compromisos ya acordados y que sustancialmente son alrededor de 65 aulas de acogida nuevas, un aumento salarial de unos 700 euros brutos anuales, reducción progresiva de ratios y burocracia y unos 1.700 profesionales nuevos para la educación inclusiva. Como cualquier movimiento en una negociación tan compleja como esta, habrá que esperar a conocer un detalle mucho más concreto de las nuevas medidas anunciadas, ya que son todavía muy imprecisas.
El hecho de que queden fuera de la propuesta conocida cuestiones relacionadas con las principales reivindicaciones laborales permite pensar que la huelga del 8 de septiembre en los centros públicos, convocada el pasado mes de julio por la Asamblea Educativa de Catalunya con representantes de los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical CNT y COS, es muy difícil que se acabe desconvocando. De hecho, la portavoz de la USTEC ya se ha pronunciado esta semana en esta dirección. Otro factor añadido en este conflicto que también dificulta la solución es la ausencia de un liderazgo claro en el colectivo, más allá de la propia asamblea, ya que todos los sindicatos que han cerrado un acuerdo con el departamento han acabado pillándose los dedos.
Teniendo en cuenta que las elecciones sindicales serían en marzo, una inestabilidad hasta aquella fecha es casi condenar a los escolares catalanes a un curso lleno de incertidumbres
Por si todo ello no fuera cuando menos complejo, hay otro elemento que revolotea por encima de cualquier decisión y que estará cada vez más presente: la celebración de las elecciones sindicales del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de Catalunya, que aún no están convocadas, pero que deberían celebrarse en marzo de 2027. Por tanto, ninguno de los principales sindicatos quiere aparecer como contemporizado con la administración y tienen muchas cosas que defender. Empezando por la USTEC, que después del revolcón que sufrió antes del verano necesita defender su posición de primera fuerza y una posición conciliadora podría penalizarlo a la vista de la posición de las asambleas y las votaciones con urna.
Pese a ello, la obligación del departamento es intentar cerrar un acuerdo y acercarse a las demandas que se le han planteado. Teniendo en cuenta que las elecciones sindicales serían en marzo, una inestabilidad hasta aquella fecha es casi condenar a los escolares catalanes a un curso lleno de incertidumbres. Eso por no hablar de los problemas ya conocidos, como son los resultados académicos insuficientes —con retrocesos en matemáticas, comprensión lectora y ciencias—, el fracaso de PISA, el retroceso en el catalán, la llegada de alumnos durante el curso que genera una elevada matrícula viva en determinados centros y las infraestructuras deficientes con aulas sin la climatización adecuada.
Y todo ello no tiene pinta de ir a mejor, ya que las condiciones van en la dirección contraria.