Suele explicar el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que él es un gran defensor de las comunidades autónomas y que gracias a él ninguna de ellas ha quebrado por muy mal que lo hayan hecho los sucesivos gobiernos de turno en los más de cuatro años que él ha estado al frente de la sede ubicada en el palacio del Marqués de Villamejor, en Castellana 3. La misma sede que antes que él ocuparon políticos tan dispares como Eduardo Dato y Manuel Azaña, pero sobre todo y durante 32 años, Luis Carrero Blanco. Quizás, en lo último, tenga razón: ninguna autonomía ha quebrado. Pero, para ser honestos, tendría que añadir que ningún ministro en los casi 40 años desde las primeras elecciones, y en el caso de Catalunya un tiempo parecido de autonomía, había llevado a cabo de una manera tan intensa y tan constante un premeditado proceso de estrangulamiento financiero de la Generalitat.

Han pasado ministros de la UCD, del PSOE, del PP, de nuevo socialistas y finalmente otra vez populares y ninguno ha sido como Montoro. Ni el ministro de Administraciones Territoriales Tomás de la Quadra Salcedo, inspirador de la Loapa en 1983, fue capaz de ahogar la autonomía catalana entre otras cosas porque el titular de Hacienda era Miguel Boyer y, además, la autonomía catalana aún estaba en fase muy embrionaria. En cambio, 30 años después todo ha sido muy diferente. El sistema autonómico ha explosionado a partir de dos premisas: máximas transferencias a las comunidades, mínimos ingresos para hacer frente a una demanda ciudadana cada vez más importante. Cristóbal Montoro ha sido, y hay que reconocérselo, el que ha transformado la autonomía política en una pagaduría. Que además no llega a final de mes.

Ahora, Montoro ha enviado una carta a 16 comunidades autónomas exigiéndoles nuevos recortes por incumplimiento del déficit en el cierre del ejercicio de 2015. Catalunya es una de ellas y el vicepresident y conseller d'Economia, Oriol Junqueras, uno de los receptores de la misiva. Y, lo más sorprendente, es que se mire a las autonomías como malgastadoras cuando proporcionalmente han hecho un esfuerzo muy superior al del Estado en recortes de servicios sociales. En el caso de Catalunya, además, es clamoroso, con múltiples ejemplos como la paga extra a los funcionarios. Este último episodio de Montoro no es, sin embargo, como los anteriores. Los 1.000 millones de recortes que se piden a la Generalitat es el equivalente al cierre de los tres principales hospitales catalanes y de todas las prisiones, además del presupuesto de la Administración de Justicia. Una exigencia que es incumplible por más que se quiera una vez más engañar a Bruselas.