La decisión del Tribunal Supremo de proceder a la destrucción de todo el material incautado por los Mossos d'Esquadra relacionado con el referéndum del 1 de octubre de 2017 porque carece de "valor histórico" es básicamente un acto arbitrario, que además es desproporcionado y buscadamente revisionista. La historia no desaparece por la destrucción de pruebas como pretende ahora hacer el Supremo y, en cambio, es una decisión irreparable que empobrece el patrimonio cultural colectivo y dificulta el trabajo de los historiadores en el futuro. Es cierto que se conservará una unidad de cada objeto del material incautado, pero, pese a haber sido reclamado por los poseedores de la legalidad institucional cuando sucedieron los hechos —el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras y el conseller d'Exteriors Raül Romeva—, se acaba produciendo una decisión irreversible para el futuro, ya que el material no se podrá recuperar.
Estamos hablando de urnas, papeletas, sobres, carteles y otros efectos relacionados con el 1-O y que la policía incautó preventivamente. Puigdemont había solicitado recibir el material como máximo depositario institucional en octubre de 2017 y el Supremo se desentiende de esta situación alegando que los objetos carecen de un propietario identificado, que no procede su entrega y que hay que destruirlos. El tribunal olvida, cosa que sabe perfectamente, que el 1-O constituyó, aunque no le guste, un acto de enorme relevancia en la historia reciente de Catalunya. La interpretación judicial que hace sobre el material tiene mucho más que ver con su posición ante el referéndum que con el material que se va a destruir, ya que cualquier persona mínimamente formada sabe que son una fuente primaria para la investigación histórica.
El 1 de octubre no podrá ser borrado de la memoria colectiva aunque hagan desaparecer todo el material existente
Podríamos poner diferentes ejemplos de museos que conservan objetos relacionados con conflictos o acontecimientos que han sido muy polémicos. Es más, los grandes museos y archivos de prestigio en todo el mundo custodian restos de guerras, revoluciones o dictaduras, movimientos políticos, en definitiva, que dividieron a la sociedad. Así, el Imperial War Museum del Reino Unido guarda uniformes, propaganda, armamento y objetos de las dos guerras mundiales. En una situación asimilable a este museo están el del Muro de Berlín o el conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. La tesis de los científicos es clara: solo preservando las pruebas materiales es posible estudiar, explicar y transmitir con rigor lo que sucedió.
La decisión del Supremo es, en consecuencia, impropia de una democracia madura. El 1 de octubre no podrá ser borrado de la memoria colectiva aunque hagan desaparecer todo el material existente. Desde el 2017 hay un intento nada disimulado de querer borrar de la memoria aquellos hechos. Se ha realizado un esfuerzo ingente por parte de las fuerzas represoras de todo tipo. No se han escatimado medios, tanto políticos como económicos y mediáticos. Pero se ha olvidado una cosa: la historia no se puede destruir aunque se quiera borrar su rastro y, por más que se destruyan los objetos de un acontecimiento como el referéndum del 1 de octubre, la historia no va a cambiar. Eso seguro.