Por cuarto día consecutivo, el Govern no ha podido garantizar la normalidad en las cárceles, con el consiguiente caos en los centros penitenciarios catalanes. No ha sido hasta este lunes que se ha dado forma a un minigabinete de crisis presidido por la vicepresidenta y consellera de Presidència, Laura Vilagrà; el titular de Interior, Joan Ignasi Elena, y la titular de Justícia, Gemma Ubasart, en lo que, en la práctica, no es otra cosa que la toma de control de la situación por parte de la cúpula del ejecutivo catalán, desplazando a la responsable del ramo por la constatación de su incapacidad para cerrar el conflicto. En el trasfondo de todo, el asesinato de una cocinera de la prisión de Mas d'Enric en Tarragona a manos de un recluso, el pasado miércoles. El convicto, asesino confeso de una mujer degollada, que cumplía una pena de 11 años de privación de libertad, hacía funciones de personal de cocina, al parecer, en un espacio repleto de cuchillos.

Seguramente, cuando el pasado miércoles el president de la Generalitat, Pere Aragonès, comparecía en el Palau de la Generalitat anunciando elecciones catalanas para el próximo 12 de mayo al no haber podido sacar adelante los presupuestos catalanes, entre todas las variables que se habían manejado no estaba la gestión de una crisis imprevista que acabara eclipsando su iniciativa política. Los spin doctors de Palau, los encargados de dar golpes de efecto y construir un relato, algo cada vez más habitual en todos los centros de poder del mundo, o se han visto superados por la situación o han dejado que la bola se hiciera demasiado grande. Porque la gestión de las prisiones no te va a dar nunca ningún rédito electoral, pero, en cambio, pueden situarte en el foco si la dirección de un conflicto acaba descontrolándose, que es lo que ha acabado sucediendo.

Las cosas parecen encaminadas más hacia la resolución de la crisis por fatiga de los sindicatos que por convicción de la administración

Muy probablemente, ha faltado oficio y mano izquierda al frente de la Conselleria de Justicia. Una actitud más humilde y empática con los sindicatos de los funcionarios de prisiones por parte de Gemma Ubasart hubiera ayudado. También que el resultado de la investigación interna, anunciada por la conselleria hace cuatro días, ya se hubiera hecho público. Aunque las llamadas al diálogo por parte de la Generalitat han sido recurrentes desde el primer momento, en el otro lado las peticiones de dimisión no le han ido a la zaga. Tanto es así que los sindicatos no han acudido a las reuniones convocadas hasta que no se produjeran ceses, cosa que no han sucedido en un primer momento y que ahora es mucho más difícil que acabe pasando. En parte, porque cada lado ha elaborado su discurso y las cosas parecen encaminadas más hacia la resolución de la crisis por fatiga de los sindicatos que por convicción de la administración.

En cualquier caso, está también pendiente la comparecencia de la consellera en el Parlament, que anunció en el primer momento. Como una consecuencia colateral, está también la supresión de unos 50 juicios y la anulación de 108 diligencias judiciales desde que los sindicatos y trabajadores iniciaron la protesta de Tarragona el miércoles pasado. Los Mossos d'Esquadra reforzarán a partir de este martes la presencia en las puertas de las cárceles para evitar el bloqueo, en un intento de atemperar la situación creada, pero tratando de evitar, cosa que, hasta la fecha, con mucha mano izquierda han conseguido, que un conflicto político acabe derivando en otro mucho peor de orden público. Algo no imposible dada la situación de tensión existente en las prisiones. El manual de la política lleva a tener diligencia cuando se produce un problema y uno tiene la impresión de que, en esta ocasión, no ha sido así y además se ha abierto un pasadizo para que otros sectores sociales empleen un camino idéntico aprovechando la campaña electoral ya en marcha, aunque legalmente solo sea la precampaña.