Las últimas noticias de la Audiencia Nacional han sacado a la luz pública los bien trenzados movimientos de la justicia española para implicar a las fuerzas independentistas catalanas en causas que llevan en un color rojo potente el membrete de terrorismo y así matar dos pájaros de un tiro: dejar a Pedro Sánchez sin apoyos legislativos para poder seguir gobernando y desplazar a Esquerra Republicana y Junts per Catalunya de la ecuación: de formaciones políticas políticamente homologables a organizaciones que tienen terroristas en su seno. Ese y no otro es el objetivo de las causas de la Audiencia Nacional de Tsunami Democràtic y de los CDR en las que sigue trabajando el magistrado Manuel García-Castellón y que están camino del Tribunal Supremo con dos Vips señalados por el juez, el president en el exilio Carles Puigdemont y la secretaria general de los republicanos Marta Rovira, y otras dos docenas de personas investigadas o acusadas de terrorismo y, todas ellas, vinculadas de una manera u otra a ERC, Junts y CUP. Una cifra no cerrada ni definitiva que ya sabemos por situaciones anteriores que es susceptible de ir creciendo.
El PSOE ha sido víctima de sus propios miedos, de la campaña de la derecha política, mediática y judicial y de una mirada corta en la que, seguramente, solo ha alcanzado a ver que los independentistas catalanes tendrían sus problemas con la ley de amnistía, ya que no sería el paraguas soñado y no conseguiría ver la malla en la que ellos mismos quedaban atrapados. Porque el PSOE debería hacerse la pregunta que se resiste a hacerse: ¿Se puede gobernar con el apoyo de partidos que cuentan entre sus filas, no con exterroristas, sino con personas buscadas por terrorismo? Porque ese es el final del jaque planteado por la Audiencia Nacional con las causas de Tsunami y CDR, a las que sin duda no va a renunciar, ya que es en estos momentos el bastión para mantener judicializada la política catalana y también la española.
¿Se puede gobernar con el apoyo de partidos que cuentan entre sus filas, no con exterroristas, sino con personas buscadas por terrorismo?
Es probable que los socialistas lo vean tarde, pero que lo empiecen a ver. Al menos, algunos socialistas. Quizás no el influyente ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. Pero a lo mejor sí el interlocutor del PSOE, el secretario de organización, Santos Cerdán, después de que Bolaños haya sido incapaz de poner encima de la mesa, en ninguna reunión, ninguna norma ni europea ni internacional que impida incluir el delito de terrorismo en los actos amnistiables. Igualmente, ninguna jurisprudencia que apunte en esta dirección. Además, por más literatura que se haya hecho desde la justicia española, nada de lo sucedido en el procés es susceptible de quedar englobado como terrorismo y estamos detrás de un inmenso árbol que no debería impedirnos ver el bosque, que no es otro que un intento de proceso de independencia en 2017 pacífico en las formas y en el fondo.
Pero encendida la mecha de que es una causa de terrorismo, el desarrollo político y mediático es el mismo de las falsas acusaciones de rebelión. Con una salvedad: criminalizar el procés por la vía de la rebelión es un obstáculo elevado, pero aun así el salto es importante si la criminalización se realiza por la vía del terrorismo. Estaríamos hablando, y no tardaremos en verlo, que el PSOE negocia, visita o se reúne con partidos con terroristas en sus filas o directamente se entrevista con ellos. ¿Alguien se imagina al PSOE explicando que está negociando con personas cualificadas de terroristas por la justicia española y con órdenes de búsqueda? Los socialistas tienen aún hasta principios de la semana que viene para virar de la posición numantina que han mantenido. Si no lo hacen, quizás sí que la legislatura empezará a tener un final más rápido y abrupto de lo que todo el mundo se había imaginado.